México. El avance y desarrollo de los procesos de guerra y de conflictividad social que se están produciendo en México se enfrentan a la enorme indefensión de la sociedad civil y política, en tanto ésta no tiene aún la total claridad de las condiciones, caracterizaciones y modos en que estos procesos se han constituido y se están desenvolviendo. Una de las causas de esta indefensión es la imagen que se ha logrado instalar en la sociedad sobre la violencia existente. El modo de enfrentarla es con la reflexión, que puede generar el conocimiento necesario para enfrentar la situación de manera eficaz. Es lo que nos proponemos con este escrito: contribuir a esa claridad.

México, desde mediados de los noventa, ha estado atravesado simultáneamente en el terreno político por dos procesos[1]. Uno de estos consiste en una lenta y acumulativa  ampliación de la ciudadanía en términos de derechos, de libertades y de opciones políticas, ya que a través de una más amplia participación ciudadana, la oposición ha empezado a gobernar en espacios nuevos; esto, a su vez, ha fragmentado en su interior a la clase política liderada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que recompuesto ahora, recuperó el poder en 2012, después de 12 años, cuando, en realidad,  nunca lo abandonó completamente.

El otro proceso es de restricción,  exclusión y  de exterminio[2] de una parte de la población que encabeza acciones de lucha social por una mayor justicia, y de otra porción muy grande de la sociedad civil, atravesada por acciones delictuales. La decisión de esta política, que se expresa como  acción de “militarización de la seguridad pública”, implica la aparición no sólo de fuerzas combinadas  (Fuerzas Armadas militares regulares y cuerpos policíacos), de fuerzas armadas del delito organizado, sino también la de grupos armados irregulares  (paramilitares y parapoliciales) y grupos de civiles armados para la autodefensa. Este proceso de extensión cualitativa de la guerra es inocultable: a la fecha ya ha causado más de 150 mil muertos[3], 27 mil desaparecidos y decenas de miles de desplazados, en donde todas las clases sociales están involucradas.

¿Qué características tiene la guerra en México hoy?

La guerra  en México es el resultado de la interrelación y compenetración entre el dominio del orden delictual,  que constituye una fuerza armada de carácter ilegal, y el dominio del orden legal, en todos los niveles de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo, con el uso legal pero muchas veces ilegítimo de la fuerza.  Los dos dominios han mostrado tener la misma capacidad de ejercer la violencia en el territorio ya que, según los registros del Equipo Bourbaki (EB, 2011) [4], cada uno de ellos es responsable de por lo menos la mitad del costo humano que esta guerra produce.

De este modo, el estado del poder en el país está caracterizado por la interpenetración entre el orden legal del poder estatal y el orden delictual territorial, cobrando la forma de una compleja guerra civil en el territorio mexicano como expresión de una lucha “intercapitalista  de carácter internacional por el monopolio territorial de una nueva mercancía ilegal” (EB, 2011), cuyo blanco principal es la sociedad civil de los territorios del capitalismo del cono norte de América.

El análisis de las formas concretas de esta guerra  conllevan a revisar la hipótesis de que el incremento de violencia se deba a la fragmentación de los cárteles, o que la política de los últimos gobiernos consista  realmente en hacer una “guerra contra el narcotráfico”. Esto debido, en primer lugar, a que aproximadamente la mitad de las acciones –tendientes sobre todo a generar muertos- que realiza el  llamado crimen organizado se dirige hacia los desconocidos, las fuerzas armadas y la sociedad civil; y el menor número de acciones que producen muertos son hacia la organización delictual y las autoridades gubernamentales. ¿Quiénes son estos desconocidos que mueren?¿Funcionan como contención a las bajas que podría generar la lucha entre las organizaciones delictuales y las fuerzas armadas; o bien, es parte de la  sociedad civil indefensa que se resiste a ser incorporada a las filas del crimen organizado?  (EB, 2011).

En segundo lugar,  el orden legal reprime a la sociedad civil y a los desconocidos más que a la “organización delictual”: genera acciones que provocan cinco veces más muertos en la sociedad que contra los integrantes del mismo orden legal, cuando entran en contradicción entre ellos –que es una de las características de esta guerra- y casi cuatro veces más que los que realiza contra  el “orden delictual” (EB, 2011).

Entre  las bajas que produce el dominio legal existen  aquellos miembros de la sociedad que luchan para defender sus derechos y los de su colectividad, la tradicional “cuota de exterminio selectivo” [5], sin embargo, con la imagen actual de “violencia social”, el asesinato de los activistas queda más invisibilizado que antes. Algunos ejemplos de asesinatos recientes de esta reserva moral son: Ismael Solorio y Manuela Solís, fundadores de El Barzón-Chihuahua, asesinados por defender el agua y enfrentar a la minería en su comunidad (22 de octubre de 2012); Juventina Villa, también dirigente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (Ocespcc), junto a su hijo Reynaldo Santana, fueron ejecutados  mientras coordinaban un masivo desplazamiento de población en su zona (28 de noviembre de 2012); casi tres semanas antes, fueron asesinados cinco campesinos de la misma organización guerrerense, de los cuales dos eran sobrinos de Juventina: Celso Chávez y Fortino Méndez (9 a 12 de noviembre de 2012). También está el caso del preso Edgar Hernández, por haber denunciado abusos de las autoridades en el penal de Santa Marta (27 de noviembre de 2012); la alcaldesa María Santos, de Tiquicheo, en Michoacán (17 de noviembre de 2012); el activista indígena Heriberto González, por defender el agua de Hueyapan, en Morelos( 23 de noviembre de 2012); el 1 de diciembre de 2012, cuando asumía el actual presidente, en una brutal represión fue mutilado Juan Uriel Sandoval y estuvo en coma Francisco Kuykendall; el indígena mixe oaxaqueño Pablo Jarquín, por militares (19 de diciembre de 2012); el abogado nahua defensor de derechos humanos Celedonio Monroy,  en Cuautitlán,  fue desaparecido (23 de diciembre de 2012); en noviembre y diciembre de 2012 hubo fuertes represiones y masacres a desplazados de guerra: triquis en Oaxaca; campesinos ecologistas en Guerrero; campesinos en Concordia, Sonora. En 2013, han sido asesinados los dirigentes comunitarios Irma Ascencio Arenas (18 de abril) en Tula de Allende, Hidalgo, y Juan Vázquez Guzmán,  en Bachajón, Chiapas (24 de abril), ambos en igual forma: los sicarios tocaron a su puerta y los acribillaron.

Pareciera ser, pues, que la interpenetración del “orden legal” con el “orden delictual” es la forma en que se garantizaría la construcción de un monopolio del crimen organizado en tanto mercancía en proceso de construcción.  Esto podría explicar que para ello, el aparato del poder del Estado se caracterice por la protección que una parte del “dominio del orden legal estatal” brinda a una parte del “dominio del orden delictual territorial”, generando, por un lado, la producción creciente  de “muertos desconocidos”, es decir, la de una identidad social que se omite y criminaliza por la forma en que aparecen sus “cuerpos”, y la creada percepción de que esto que sucede “por algo será”, lo que conduce a la construcción de una moral justificadora del genocidio.

Por otro lado, esa forma de ejercicio del poder en el país genera crecientes acciones ilegales, produciendo muertos y desaparecidos tanto en el ámbito delictual, como en el social y en la clase política, como lo demuestran las denuncias hechas  por Human Rights Watch y la Organización de las Naciones Unidas (2011), acerca de las desapariciones forzadas, que señalan estas bajas como producto de una actuación ilegal de parte de las fuerzas del orden legal.[6]

No sobra decir que algunos autores  como J.C. Marín (2009) han señalado y enfatizado en sus análisis lo que Eric Hobsbawm escribe a los autores del Informe Bourbaki: “Este análisis de las interrelaciones casi simbióticas entre los mecanismos de coerción estatales y criminales me parece sumamente relevante a la situación de nuestro siglo fuera del México también”. [7]

Faltaría agregar que esta guerra civil adopta formas específicas y diferentes en todo el territorio de América del Norte, creando la imagen de una especie de caos o confusión sobre el carácter de la misma y esas formas dependen del tipo de relación que se entreteje entre los dominios “legal” y “delictual” y de la prevalencia de uno sobre otro. No tiene pues un desenvolvimiento homogéneo. Por ejemplo, en  Chihuahua predomina un proceso de “represión al orden delictual”, mientras que en el Distrito Federal existen mayores “contradicciones en el orden legal” y  Guerrero vive un proceso de mayor “represión al orden social” (EB,2011). Bajo estas diferentes expresiones de la guerra, la víctima real es la sociedad: activistas  que intentan revertir este proceso de miles de maneras y la población sin recursos materiales, atrapadas en las actividades ilícitas, despojados de su identidad y territorialidad social y arrojados a las filas del crimen organizado, en donde completarán la construcción del “desaparecido”.

Como hemos señalado desde un inicio, las formas en que se expresa la guerra civil en el territorio mexicano tienen su raíz en un modelo económico que para expandirse, necesita cíclicamente de guerras, exterminios y desplazamientos masivos de población a través de la construcción y el ejercicio de un proceso de “aterrorizamiento social” en todos los territorios del país, favoreciendo, entre otras, la apropiación de los recursos naturales. Por ello no es de extrañar que, por un lado, el volumen de trabajo informal haya rebasado desde los años noventa al trabajo formal; que se incremente el desempleo formal y que por el otro lado,  según el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, es el que más fuentes de trabajo genera en el país (600 mil empleos directos)[8].  Esta situación laboral, sobre todo entre los jóvenes y pobres,  coloca a la población más frágil en condiciones muy favorables para ser reclutados por distintos frentes de la violencia social bajo muchas formas de expropiación corporal y económica.

¿La paz es la seguridad?

Los mecanismos de esta guerra que hemos descrito hasta aquí se sustentan en la idea de la “paz armada” –modelo trasnacional que en 2012 hasta el Nobel de la paz acaba de recibir al otorgárselo a la Unión Europea-, que consiste en sobreponer la idea de seguridad a la de paz, a partir de una siembra constante de la inseguridad en la población. Se trata de una “trampa mortal”, a partir de la paradoja: hablar de paz para mantener la guerra, como bien nos muestra la actual política del presidente Peña Nieto.

En este modelo de “paz y seguridad pública militarizada”, las Fuerzas Armadas (FFAA) y policiales se hacen presentes en el territorio nacional en mayor extensión e intensidad. Para hacerla posible, se han también efectuado cambios constitucionales, reglamentarios e interpretaciones legales convenientes para permitir la creación de cuerpos armados especiales, compra de armamento más sofisticado, detenciones, retenes y desapariciones arbitrarias que escapan cada vez más del control de la sociedad -civil y política- y avanzan con celeridad e impunidad, además de la permanente asesoría militar estadounidense y colombiana (el asesor presidencial de seguridad es el colombiano Oscar Naranjo).

Sin embargo, la militarización no se reduce a la sola acción de la Fuerzas Armadas, sino también a la que éstas realizan para  la organización militar de una parte de la población civil y las acciones de sus bases civiles y las de su apoyo auxiliar, sea en tareas políticas que en las de carácter armado. Diversos sectores del régimen han ido transfiriendo tareas policíacas y militares a grupos de civiles, organizados con técnicas militares, quienes al estar armados, y construir intencionalmente elementos de fractura dentro de las comunidades, comienzan a instalar potenciales condiciones de otra forma más en que se expresa la guerra civil  que,  a su vez, hace “indispensable” la presencia de las FFAA en el lugar, con el fin de evitar la confrontación construida desde el aparato de poder.

¿Cuál es la caracterización está  asumiendo el proceso de luchas sociales en el país?

De este modo, la población en las luchas políticas y sociales en el país busca las formas de su autodefensa, adquiriendo tanto formas de resistencia civil no violenta como confrontaciones armadas, expresándose de esta manera otra de las formas de  la guerra como continuación de la política por otros medios; tomemos en cuenta que la guerra no se reduce solamente a combates  permanentes, sino que incluye etapas de negociación, treguas, etcétera.

Al analizar las diferentes formas en que se expresan las luchas sociales, aún interrelacionadas entre sí, se pueden distinguir acciones de reestructuración organizativa: acciones políticas, legislativas, dialogales, declarativas, institucionales, asambleísticas y organizativas, que se realizan en los bloques de la sociedad civil y política en el logro de acuerdos, la creación de nuevas instancias o la reforma de las anteriores: movilización de masas: acciones de masas en espacios abiertos que implican una acción directa sobre las identidades de los otros, y suponen un juicio crítico (moral, político-social) y el procesamiento de la sociedad sobre eso. Se convoca a la gente afín para impugnar, obstaculizar o inhibir la acción de los otros (manifestaciones, marchas, mítines, caravanas, etcétera).

Una tercer acción es la resistencia civil y protesta activa: acciones que implican un nivel de lucha no violenta con un mayor grado de intensidad que las anteriores; son de No-cooperación (es decir, se deja de colaborar explícitamente en acciones que reproducen la injusticia, como las formas de boicoteos, huelgas, tomas) y de Desobediencia o resistencia civil (o sea, en forma abierta y masiva se deja de obedecer leyes o reglas que reproducen condiciones de inhumanidad).

En cuarto lugar, están las acciones de fuerza: acciones en que se utiliza algún instrumento de fuerza material o legal con violencia. Estas pueden darse en situaciones de enfrentamiento o sin enfrentamiento, es decir, con impunidad. Se trata de acciones armadas, amenazas, hostigamiento, desplazamiento de población, detenciones, tortura, desaparición, emboscadas, etcétera.

Con base en esta caracterización de las luchas sociales y en una serie de estudios que al respecto están realizando diferentes organizaciones, se ha constatado cómo, desde 1994 a la fecha, han ido aumentando en forma considerable y creciente, las acciones de lucha social de Reestructuración Organizativa, que abarcan el terreno de los acuerdos institucionales, parlamentarios, partidistas, de las asambleas y  foros, de diversas formas de diálogo. Para el año 1994, estas acciones abarcaban el 20 por ciento del total de las acciones de lucha social en el país, en este nuevo siglo alcanzan ya el 50 por ciento del total: es decir, una de cada dos acciones de lucha social en México son de Reestructuración Organizativa.

Simultáneamente y de manera contrastante, se observa el brusco descenso que ha habido, en el mismo periodo considerado, de las acciones de lucha social de Resistencia civil y Protesta Activa. Estas pasaron de representar en 1994 el  36 por ciento del total de acciones de lucha social en el país (uno de cada tres) a ser a comienzos de siglo, apenas el 9 por ciento del total (uno de cada 10).

Actualmente, estamos regresando a una intensificación de las acciones de Resistencia civil: existen al menos tres acciones diarias de este tipo en el país. Cabría entonces preguntarse si se está dando un cambio de estrategia en la forma de la protesta social en México donde se está combinando la Resistencia civil no violenta con las acciones de fuerza.

Por su parte, las acciones de Movilización de masas se habían mantenido constantes desde 1994 a inicios del siglo, representando aproximadamente el 20 por ciento del total de los hechos de lucha social nacionales. Del mismo modo que las Acciones de Fuerza también aparecían constantes en ese periodo, representando alrededor de un 25 por ciento del total.

Es decir, aparentemente las formas de lucha más cercanas a la resistencia civil fueron siendo reemplazadas crecientemente en el país, desde 1994 hasta inicios de este siglo, por acciones de carácter institucional, partidista, asambleístico y organizativo, mientras que en los últimos cinco años cada vez más ha habido una reintensificación de las acciones de resistencia civil –en lo rural y urbano por los despojos territoriales-, en sus diferentes caracterizaciones, y también acciones de fuerza.

Este proceso es casi inobservable todavía para la mayoría de la sociedad mexicana, que tiene conciencia difusa y poco clara de la existencia de los hechos armados como acontecimientos esporádicos y aislados entre sí. Muchos realmente lo atribuyen a la “guerra contra la delincuencia”, como está legitimada la guerra desde la esfera del poder. Su estudio nos permite  hacerla observable y, a la vez, caracterizar el proceso social del  exterminio[9].

El proceso de confrontación armada

Las Acciones de Fuerza  son expresión de una estrategia de guerra inmanente en el territorio que se desarrolla (aplica) de manera gradual en el país, en diferentes escalas o incluso de manera simultánea. En la última década hemos visto cómo estas acciones ya no son predominio de las Fuerzas Armadas (FFAA) del orden legal  sino que han sido, en gran parte, también instaladas por fuerzas delictuales confrontadas o fuerzas civiles armadas.  Estas acciones se refieren, en primer lugar, a lo que hemos denominado “Acciones Militares sobre el Territorio”, que consisten en: abastecimiento de armas, siembra de armas, adiestramiento militar a civiles, aparición de grupos armados y de paramilitares entrenados, incursión y hostigamiento a comunidades e individuos, persecución, desaparición, secuestro, extorsión, movilización de tropas, sobrevuelos, patrullajes, etc.

El siguiente nivel de Acciones de Fuerza, se refiere a las que hemos denominado como Movimiento y Control de la Población: desplazamiento de población, abandono de población, expulsión, desalojo, ocupación, cerco, sitio, bloqueo, retén, aprehensión, arresto, auto de formal prisión, consignación, detención, vigilancia, citatorio, investigación a extranjeros, intercepción de comunicación, amenaza, delación, etcétera.

Las acciones de control del territorio y de la población  viabilizan las condiciones para pasar al tercer nivel de Acciones de Fuerza directa: la confrontación armada (el Ataque Armado), que va desde la agresión física, a balaceras, asalto, robo, saqueo, secuestro, tortura, emboscadas hasta el asesinato y la desaparición física de individuos o grupos.

Se trata pues de una estrategia  gradual de ocupación y limpieza del territorio y de la población, que además incluye el desplazamiento de miles de personas generando reacomodos poblacionales y territoriales para  facilitar la eliminación selectiva y el control delictual de los cuerpos y el territorio.

El proceso de indefensión social

Hasta aquí hemos intentado describir los mecanismos de la guerra civil que atraviesa a México, el recurso de su legitimación  que busca y ejerce el aparato del poder y las formas de lucha de la sociedad, que en su conjunto no ha logrado todavía detenerla.

 Surgen entonces las siguientes interrogantes:

¿Qué impide a la sociedad civil actuar con mayor determinación y con una estrategia de resistencia civil noviolenta activa ante las Acciones de Fuerza,  ejercidas tanto por el “orden legal” como por el “orden delictual”, para poder detener la guerra y el exterminio?

¿En qué consiste la indefensión social y cómo se expresa?

El primer obstáculo al que nos enfrentamos para el diseño de una estrategia de autodefensa noviolenta de la población para enfrentarse y detener la guerra, es el estado de ignorancia y claridad acerca de la amplitud y complejidad de su indefensión que caracteriza a la sociedad, que le impide tener conciencia de la importancia de generar dicha estrategia. La indefensión intelectual y política consiste en padecer una situación y no estar en condiciones de descubrir ni el padecimiento, ni las causas que lo generan, y menos aún el medio para dejar de padecerlo y, de este modo,  no contar con elementos para  poder desprocesar esa situación.

Ante la indefensión presente en la gran mayoría de la población mexicana  que no ve estos hechos como un proceso de guerra civil que, como hemos señalado, se expresa de varias maneras , uno de los desafíos más sustantivos que tenemos es el de hacerlo observable.

Partimos del principio que «El uso de la violencia en cualquiera de sus formas es inhumana para quien la recibe e irreversiblemente destructiva de la humanidad de quien la ejerce» (Esperanza Picaso). La lucha necesita tener claridad acerca de las condiciones que debe enfrentar para construir lo que desea. Pero es conveniente aclarar que, muchas veces, lo que se «desea» muchas veces es una respuesta «ciega/no reflexiva» que usa la misma lógica (medios) del opresor.

Lo dominante es que, en general, la mayoría de las luchas están desencadenadas a partir de las iniciativas e identidades de quienes se oponen a  lo que buscan los luchadores, es decir, a la realización de los que buscan enfrentarse a las condiciones más inhumanas. Muchos colaboramos –involuntariamente a veces- a construir la ilusión que «se lucha» -presuponiendo el dominio de un supuesto «Estado de Derecho»-, cuando en realidad solo sufrimos/padecemos esas inhumanas condiciones en un lamento prolongado… creyendo quizás que el carácter colectivo del lamento le otorga a éste una trascendencia operante sobre las condiciones de guerra.

Nadie pone en duda la legitimidad y la necesidad de que el sufrimiento humano se exprese siempre e intente -aún infructuosamente- «hacer algo» contra una parte de esas condiciones de guerra. Siempre se ha considerado, por ejemplo, que la lucha por la liberación de presos sociales y políticos es imprescindible, así como la confrontación contra las formas inhumanas de todas las ilegalidades. Y debemos seguir haciéndolo, aunque sólo logremos ampliar algo más la toma de conciencia colectiva de lo que es una parte sustantiva de la realidad humana: el costo de una confrontación adversa.

Normalización de lo inhumano

Hemos sido entrenados para ser permisivos al ejercicio de un volumen enorme de violencia por parte del aparato del poder hacia la sociedad y a tardar mucho tiempo en darnos cuenta de ello, a normalizar la violencia que el “otro” ejerce y a no actuar contra ella.  No hemos sido construidos con sensibilidad para detener un proceso inhumano, sino para soportar el sufrimiento ajeno sin sentirnos comprometidos. Es por eso que no nos sentimos directamente involucrados en lo que al “otro” le sucede. El “otro” merece su destino, que  está preestablecido y no es responsabilidad de nosotros: “él se lo buscó”, “por qué estaba ahí en es momento”, “algo habrá hecho”, “son delincuentes”, “se lo merecían”, “no hacemos nada malo, no nos va a tocar”, “no podemos hacer nada”.

Es la construcción masiva del “pre-juicio social” y del “chivo expiatorio”. En esta época reciente de guerra en México, la que debería ser la “reserva moral” nacional ha sido rebasada en su “frontera moral”, sin expresar con suficiente claridad y radicalidad en la calle un “Ya basta” o “Estamos hasta la madre”: la masacre de los niños en la Guardería ABC (Hermosillo), la masacre de jóvenes en Villas de Salvárcar (Ciudad Juárez), la masacre de migrantes en San Fernando (Tamaulipas), la masacre de civiles en el Casino Royale de Monterrey, los crecientes feminicidios, las constantes desapariciones y asesinatos de periodistas, defensores de derechos humanos y activistas sociales, mujeres, jóvenes, menores de edad.

La gran mayoría de la sociedad no sólo está indefensa sino paralizada y aterrorizada ante los hechos de inhumanidad que sufre y, según la medida de su indefensión, contribuye a normalizar y a crear condiciones favorables para la reproducción del exterminio y de la guerra. La indefensión explica la tendencia dominante de no actuar ante los hechos violentos debido a que tampoco se sabe cómo actuar en esos casos.

Los Otros y Yo

El desconocimiento o la indefensión respecto a nuestra propia identidad, a su  vez nos lleva a considerar que no estamos involucrados  en el  conflicto,  que no somos parte de ninguno de los bandos que luchan entre sí, ya que consideramos que si no violentamos las mínimas reglas de la convivencia social, si no hemos cometido ninguna agresión directa contra alguien, “si no hemos hecho nada malo”, estamos fuera del conflicto de los otros, y no entendemos entonces por qué nos castigan ni de qué forma contribuimos a la reproducción del proceso de guerra. En estos últimos años, debido al hecho de que casi no hay persona en el país que no haya sido tocada por algún hecho grave o trágico de violencia social, se ha  avanzado en la duda respecto a la necesidad de la muy mal llamada “guerra al narco” que encubre el proceso real.

Otra de las expresiones más dramáticas de la indefensión, sobre todo de los que luchan desde el activismo social, existe  no sólo en el desconocimiento de la propia identidad sino en no tener conciencia de que es mirado por “otro” y menos aún, de cómo es mirado por ese “otro”. Para ejemplificar, llama poderosamente la atención la  impunidad y la facilidad  con que son “cazados” quienes ya han sufrido amenazas concretas de muerte, en condiciones donde se ha constatado que dichas amenazas se cumplen en un alto porcentaje. Los recientes dos casos de luchadores sociales asesinados “selectivamente”  hace pocas semanas -Irma Ascencio Arenas en Tula de Allende y Juan Vázquez Guzmán  en Bachajón- expresan esta situación.

En estos casos, tal vez se fue construyendo un mal cálculo por parte de quienes luchan: la seguridad de que no se cumplirá  la amenaza recibida o probable está  influida por la fuerza moral que justifica y emana de la lucha social que realizan contra la injusticia y por el hecho de apostar a la posibilidad que exista un tercer bando en la lógica de la guerra,  que es intocable por ser el de “los que se portan bien”, cuando para el que propicia la guerra, sólo existen dos bandos: el suyo y el del otro que se le opone.

Para ello, es fundamental, en la definición de cualquier estrategia a seguir, incorporar  el análisis de quiénes son los “otros” y cómo se es mirado por los “otros”, sin reducir la propia  identidad solamente a cómo se ve uno a sí mismo. Esto comporta que antes que nada hay que entender contra quién se lucha, quién es ese “otro”.

El exterminio se da en condiciones de guerra pero no es su prolongación automática, sino que implica otro tipo de decisiones y de proceso. Constatamos que la denuncia, nacional e internacional, así como el desplazamiento de población para evitar el enfrentamiento, no son suficientes aunque sí imprescindibles, pues el aniquilamiento crece año con año en intensidad y calidad. No existe una  estrategia de autodefensa noviolenta de igual intensidad que confronte la magnitud de la agresión –oficial y delictiva- de las Acciones de Fuerza en sus diferentes niveles: Acciones militares sobre el territorio, Acciones de movimiento y control de la población y  Ataque armado.

El hecho de que el desenvolvimiento del proceso de exterminio  en el territorio sea la determinación de una política militar sobre la población, le resta eficacia a acciones aisladas y de corto alcance por parte de la sociedad, sin una perspectiva y sin una articulación entre ellas. Como hemos dicho, es el estado de indefensión que caracteriza a la sociedad en general el que lleva a repetir mecánicamente acciones que han  perdido creatividad y eficacia, y a confundir recursos espirituales o morales (que para quienes los practican son “armas morales” cuando se combinan con otros tipos de acciones) con estrategias de lucha noviolenta.

La  pregunta obligada de qué podemos y debemos hacer ante la gravedad de la agresión armada para detenerla, nos coloca ante la necesidad de elaborar e implantar estrategias de resistencia civil y de autodefensa noviolenta de mayor envergadura sobre el territorio y sobre la población afectada, y con mayor diversificación que las que se han puesto en práctica hasta ahora. Es decir, no se deberían  limitar a las  denuncias y a  la realización de acciones de solidaridad, que son imprescindibles, ni sólo a movilizaciones de masas en espacios abiertos. Las acciones tampoco deberían seguir siendo dispersas y desarticuladas. Su eficacia debe apuntar hacia acciones que tengan incidencia  en la identidad moral, armada  y social del “adversario” y sus fuerzas auxiliares.

Desde hace dos décadas por lo menos, en diferentes estados del sur, desde Guerrero y Chiapas, hemos visto cómo se ha ido construyendo y articulando una fuerza moral con capacidad de expresarse materialmente en forma creciente en  la lucha: contra la inseguridad y contra el disciplinamiento autoritario. Ese compartir es ya, desde la perspectiva de quienes constituyen una identidad exterminadora, una acción de guerra. En consecuencia, una primera tarea es tomar conocimiento de esa situación: los violentos intentarán impedir a cualquier costo que se comparta este conocimiento de otra forma de construir la paz pública. Por ello  la gran cantidad de ataques materiales, legales y políticos, desde el aparato de poder, contra toda forma de policía o vigilancia comunitaria, con raigambre en usos y costumbres. La autodefensa comienza con la convicción de la propia identidad y la necesidad de no permitir su exterminio social, cultural y humano. Quienes han podido tener más claridad acerca de esas situaciones lo tratan de compartir con otros, con  reflexiones y experiencias que forman parte del inicio de una confrontación en condiciones de tremenda disparidad de fuerzas. Construir una territorialidad social -la construcción de un espacio de la autodefensa noviolenta real producto de una identidad moral/material concreta- que logre autonomizarse de su dependencia con la totalidad social dominante es la tarea inmediata y central.

Primeramente, es imprescindible tomar conocimiento del desenvolvimiento real más inmediato -tanto temporal como territorial- de la guerra. El que una situación de guerra esté generalizada no significa que lo esté de manera idéntica y al mismo tiempo en todas las territorialidades del país; lo que siempre domina es su diversidad, espacial y temporal. Saberlo es muy importante para quienes toman conciencia del dominio de las leyes de guerra y asumen la responsabilidad de su ejercicio: se convierten en luchadores conscientes de la resistencia civil y de la autodefensa porque así lo determina un proceso para el que no fueron consultados, pero que indefectiblemente los atraviesa. No se debe caer en las provocaciones para que se libre una lucha que no se ha previamente decidido; y mucho menos cuando esa primera meta no ha sido lograda.

Saber más ayuda a localizar el territorio real del escenario de la guerra, esto permite comenzar a construir en otros un conocimiento, una conciencia de mayor envergadura social, lo cual es imprescindible con relación a las leyes de la guerra, pues se trata de una confrontación entre fuerzas sociales, moral y materialmente en pugna.

Pensamos que es central plantearse con más claridad el tema de la territorialidad de la autodefensa.

No hay duda que «cada quien» es la expresión resultante de un proceso social a partir de los dominios temporales  que se ejercen sobre determinados espacios, determinadas territorialidades sociales. La envergadura y el carácter social de las territorialidades es algo que, al no tenerlo presente, puede llevarnos a realizar acciones que no corresponden con nuestras necesidades inmediatas en sus emociones/deseos sino más bien con sublimaciones de nuestros deseos. Este proceso de sublimación es una construcción sociocultural de quienes ejercen el control y el dominio de las territorialidades en las cuales convivimos. Los zapatistas han intentado y reiterado permanentemente tareas/ escritos/ análisis para desencadenar una toma de conciencia acerca de este proceso, muchas veces o casi siempre, inobservado por la mayor parte de los que luchan o desean luchar.

Se hace así necesaria la construcción de una direccionalidad posible de una lucha con capacidad creciente de articularse con todas las otras luchas que no están subordinadas infructuosamente al orden institucional dominante. Porque es ese orden institucional el que mediante el uso de las infinitas formas de la organización de la violencia moral y material, y la siembra de ilusiones, mantiene la inhumanidad de su dominio, cualquiera sea su justificación. Ciertamente no es fácil enfrentarse con las ilusiones que el orden social dominante siembra permanentemente a las poblaciones bajo su dominio. Sembrar ilusiones y exterminar a quienes no creen en ellas ha sido el modo de ejercer instrumentalmente el dominio por parte del poder.

La construcción de una esperanza comienza por hacernos responsables humanamente de lo que inmediatamente nos rodea: enfrentándonos a lo inhumano y construyendo una alternativa humana. Y, por supuesto, la respuesta del orden institucional ante este intento es la inmediata aplicación del uso de la violencia -en la diversidad de sus formas e identidades- como instrumento esencial de su identidad institucional.

 Bien decía hace poco doña Rosario Ibarra: “quienes detentan el poder no quieren avanzar ni un milímetro en la justicia para las víctimas”. Nos parece entonces muy importante tomar conciencia de cómo la diversidad de realidades en que se expresa y realiza el poder está manipulando y expropiando a la sociedad civil del concepto de paz, para vaciarlo de su contenido inescindible de justicia, que es la única que da sentido a la paz. De ahí que propongamos ya no hablar tanto de paz, y sí de justicia inmediata: que aparezcan los desaparecidos, que haya justicia, dignidad y verdad  para los muertos y que ¡pare la guerra! La sociedad civil, y especialmente su reserva moral -que una vez más ha  dejado solas a las víctimas-, debe organizarse para encontrar las formas de realizar y desencadenar el proceso de la autodefensa –evitando caer en la espiral de la guerra- y presionar con radicalidad noviolenta, política y jurídica para que este proceso inhumano contra víctimas individuales y colectivas –en sus cuerpos y territorios- se detenga.

Un desafío para romper esta forma de indefensión se constituye sabiendo más: el estudio sistemático y ampliado de la magnitud y del carácter del exterminio y de la impunidad, con el fin de transferirlo al resto de la sociedad civil y política para hacerlo visible. Otra forma de contribuir con tener más conocimiento de esta estrategia es acompañar en forma directa, sistemática, organizada y masivamente a las comunidades buscando las formas de su autodefensa comenzando por las personas amenazadas, en sus búsquedas de seguridad, de justicia: de que aparezcan los desaparecidos; esto pasa por una toma de conciencia de la envergadura del proceso.

Publicado el 30 de septiembre de 2013