“Veníamos esperando esta sentencia hace casi un año. Esto abre una etapa muy importante, que es la de las Casaciones, para poder dejar firme este fallo de culpabilidad contra uno de los asesinos de mi madre, nuestra compañera Berta Cáceres”, dijo el miércoles la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Bertha Zúniga.
La dirigente alertó que el fallo judicial aún puede ser revertido y que además falta que la justicia hondureña siga las investigaciones para procesar a los autores intelectuales del asesinato de Cáceres, que según el COPINH son varios integrantes de la familia Atala.
“Nosotros sabemos que alguien ordenó, que alguien pagó para atacar al pueblo lenca, al COPINH, para intentar someterle, para asesinar a nuestra compañera Berta Cáceres. Y están ahí, enriqueciéndose, impunes, como si nada”, dijo la entrevistada de Radio Mundo Real.
El lunes el Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia condenó a David Castillo como coautor del asesinato de Cáceres a 22 años y 6 meses de prisión. La lectura de sentencia se dio después de cerca de un año de espera y de varias postergaciones, luego que Castillo fuera condenado el 5 de julio de 2021.
Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su casa de la localidad de La Esperanza, departamento de Intibucá, por su liderazgo en la lucha del COPINH contra la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, propiedad de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), sobre el río Gualcarque. En el ataque contra Cáceres también resultó herido el ambientalista Gustavo Castro, integrante de Otros Mundos Chiapas – Amigos de la Tierra México.
Zúniga dijo a Radio Mundo Real el miércoles que hay algo de “agridulce” en la sentencia. Porque al tiempo que se logró esa sentencia contra Castillo luego de un año, la pena no es suficiente. Se sabía que la pena podría ser de 20 a 25 años de prisión. “Se han hecho muchas maniobras de la impunidad. Nosotros esperábamos que le dieran los 25 años de cárcel. Pero ningún número va a ser suficiente para reparar o solventar el dolor de una pérdida tan grande”, manifestó.
La coordinadora del COPINH, a la que hace pocas semanas se le extendió en asamblea su mandato hasta 2025, advirtió que el caso de Castillo puede ir a la Corte de Apelaciones, que “es muy peligrosa y tiene una mora judicial grandísima”. “En el caso de los siete acusados anteriores por el asesinato de Berta Cáceres, al día de hoy esa Corte no ha dado sentencia firme de la condena. Entonces se tardan cuatro o cinco años, o más, cuando son casos paradigmáticos, y mientras dure ese tiempo todavía hay un riesgo de impunidad, de que puedan buscarse maniobras para ser excarcelados”, explicó la dirigente. “Por eso queríamos una sentencia pronta para Castillo, efectiva y en el marco del tiempo real establecido, para que estos 22 años y 6 meses sean un tiempo efectivo, que tengamos la seguridad de que ya no hay reversión de ese proceso”, agregó.
Sobre el aplazamiento constante en la lectura de sentencia durante un año, Zúniga manifestó que “es parte de la violación a los derechos de las víctimas, la violación del derecho de acceso a la justicia”. Añadió que “a pesar de las excusas, para nosotras era una especie de burla a nuestra organización, las comunidades también estaban muy molestas porque venimos haciendo el esfuerzo de acompañar desde los territorios todo este proceso”.
Nuestra entrevistada aseguró que no hay voluntad política para procesar a los autores intelectuales del asesinato de su madre. “La familia Atala es una familia poderosa, se ha creído intocable. Nadie quiere hacer nada, o tienen miedo, no sé. No existen las condiciones”. No obstante, el COPINH seguirá luchando para que los autores intelectuales del femicidio político de Cáceres sean investigados y procesados.
“Dejamos esa responsabilidad sobre el sistema de justicia. Vamos a luchar para que el cambio de gobierno implique también compromisos reales”, dijo Zúniga. Y agregó: “estamos haciendo también peticiones para el acompañamiento internacional con figuras de comisiones técnicas, independientes, que puedan coadyuvar, vigilar, revisar, cerciorarse de qué es lo que están haciendo exactamente (en la justicia hondureña con respecto al caso de Cáceres) y diligenciar, procesar las informaciones, construir requerimientos fiscales para que un caso que es tan emblemático también sea honrado desde la justicia”.
Publicado originalmente en Radio Mundo Real
