Ciudad de México | Desinformémonos. Una sentencia emitida el pasado 30 de enero destacó que el proyecto del gasoducto Tuxpan-Tula presenta varias irregularidades y “reconoce que el proyecto es susceptible de afectar el derecho colectivo a la tierra y territorio de las comunidades indígenas de los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo”, indicó el Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo.

Explicaron que en dicha sentencia, emitida por la jueza segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, se resolvió proteger y amparar a la comunidad de Cuautepec y se señala que en la Resolución de Evaluación de Impacto Ambiental realizada el 9 de junio del 2016 la Dirección General de Impacto Social y Ocupación Territorial de la Secretaría de Energía “no precisan de manera clara las afectaciones que el proyecto pudieran ocasionar”.

Los pueblos que conforman el Consejo indicaron que la juez identificó omisiones por parte de la Secretaría de Energía, en cuya evaluación, por ejemplo, “no identifica impactos sociales asociados al uso de explosivos durante la etapa de construcción” ni “el impacto social de la deforestación o remoción de vegetación que tenga un valor simbólico o sea usado para prácticas alimentarias o de medicina tradicional”.

El Consejo, que recordó que ya se habían denunciado las irregularidades sobre la instalación del gasoducto, señaló que “con esta sentencia queda muy claro que el proyecto está lleno de irregularidades y que ha violado muchas de nuestras garantías como pueblos indígenas”.

“Cabe destacar que esta sentencia no sólo beneficia a la comunidad de Cuautepec, beneficia a los pueblos originarios de los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo”, agregaron.

Por ello, aseguraron que continuarán con la lucha social y legal para evitar que el gasoducto sea instalado en las comunidades indígenas de los tres estados afectados y aclaró que entre los recursos que han impuesto se encuentran dos amparos en los diferentes colegiados de distrito de Puebla e Hidalgo.