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Ciudad de México | Desinformémonos. Durante la asamblea de consulta sobre la iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, autoridades indígenas de Guanajuato denunciaron el abandono de sus comunidades y las dificultades que enfrentan para que las instituciones reconozcan sus autoridades. En Cruz del Palmar, Francisco Meléndez, comisariado ejidal, reclamó que pese a los discursos sobre derechos indígenas, al acudir a dependencias gubernamentales el personal desconoce las figuras de representación comunitaria. “Es triste estar aquí, 6 o 12 horas, mes con mes, y cuando necesitamos de verdad lo que aquí nos dicen, no nos hacen válidos nuestros derechos”, señaló.
A la consulta acudieron alrededor de 107 autoridades de pueblos otomíes, chichimecas y afromexicanos del estado. Meléndez también denunció que Cruz del Palmar lleva seis o siete años sin recibir obra pública del municipio ni del estado, pese a contar con más de 5 mil habitantes, y relató que durante un juicio para defender las tierras de un ejidatario el Ministerio Público no reconoció su autoridad. Ante funcionarios federales y estatales, pidió capacitación para el personal de las dependencias. La jornada, además, contó con la presencia de aspirantes a la candidatura por la alcaldía de San Miguel de Allende y otros actores políticos, mientras que solo dos autoridades invitadas permanecieron para participar en las mesas de trabajo.
Las autoridades indígenas también cuestionaron el contenido y el proceso de consulta de la iniciativa, que consta de más de 400 artículos. Abigail Torres, autoridad tradicional de Eza’r Chichimeca, señaló que algunas comunidades recibieron el documento apenas tres días antes y tuvieron que recurrir a un abogado para comprenderlo. Una de sus principales preocupaciones es que la propuesta otorgaría atribuciones al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) sobre las comunidades. “Nos están dejando bajo el tutelaje del INPI”, sostuvo Mauricio Mata, gobernador pluricultural de Guanajuato, quien pidió tiempo para analizar la propuesta y formular planteamientos. También cuestionó que las autoridades indígenas puedan quedar sujetas a decisiones de una institución con la que algunas comunidades mantienen conflictos.
La propuesta contempla además la creación de cuatro delitos: etnocidio, robo de patrimonio cultural, suplantación de identidad indígena y usurpación de cargos de autoridades indígenas. El planteamiento ocurre en un contexto en el que organizaciones y personas han buscado acreditarse como representantes indígenas para acceder a espacios políticos. En Guanajuato, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) negó el registro como partido político estatal a la organización Guía Nacional Indígena Originaria (GNIO), además de acordar una investigación por el presunto reparto de despensas en comunidades indígenas a cambio de afiliaciones. Las autoridades que participaron en la consulta reclamaron que, mientras persisten disputas por la representación indígena, las comunidades continúan exigiendo reconocimiento efectivo de sus autoridades, recursos, servicios públicos y condiciones para ejercer sus derechos.
