La persecución a dirigencias mapuche no cesan, ni hasta detrás de las rejas, donde hemos visto últimamente condenas de decenas de años, una vida entera en la cárcel, un peso de la ley que no cae así ni siquiera a los violadores de derechos humanos de este país.

Hace semanas, se emitió una resolución condenatoria de 15 años y cuatro meses para cuatro comuneros mapuche militantes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), uno de ellos hijo del dirigente Héctor Llaitul, quienes iniciaron una huelga de hambre que ya lleva 14 días, exigiendo la nulidad del juicio. Meses atrás, también se dictó una sentencia de 47 años de cárcel para Joaquín Millanao, un joven mapuche de tan solo 20 años y primo de Camilo Catrillanca.

En el mismo contexto, el juicio de Héctor Llaitul está programado para marzo de 2024, donde la fiscalía, empresas forestales, el latifundio y el Gobierno de Apruebo Dignidad solicitan una condena de 26 años de cárcel. Además, esta semana se debería conocer la sentencia para Luis Tranamil, para quien se pide una pena de 20 años de cárcel por el caso Nain Retamal. En una situación similar, Mijael Carbone Werken de la Alianza Territorial Mapuche fue detenido hace más de un mes y permanece en prisión preventiva en la cárcel de Temuco, donde se encuentra en huelga de hambre.

Este año ha sido marcado nuevamente por encarcelamientos y condenas con altas penas, y aún existe una lista extensa de jóvenes y dirigentes mapuche que están tras las rejas.

Es evidente cómo el Estado de Chile mantiene una justicia racista, condenatoria solo para algunos y perpetúa una histórica línea de persecución hacia dirigentes y militantes de la causa del pueblo mapuche, algunos de los cuales incluso han sido víctimas de violencia por parte del aparato militar que mantiene un estado de excepción en territorio mapuche como única vía.

El encarcelamiento opera como una política de Estado racista; a las altas penas se suman procesos judiciales prolongados, a menudo con detenidos durante años mediante montajes o sin pruebas contundentes. Años de encarcelamiento sin sentencia no pueden devolver el tiempo perdido a los acusados. Este sistema utiliza exclusivamente la ley antiterrorista, promulgada el 17 de mayo de 1984 por Augusto Pinochet y parcialmente modificada en sus disposiciones procesales por la ley 19.047 del 14 de febrero de 1991, la cual el gobierno actual busca modificar.

El Estado chileno ha persistido en la militarización del territorio mapuche, criminalizando la legítima defensa de los intereses empresariales respaldados por gobiernos que priorizan la protección de las ganancias de las poderosas empresas forestales, que están en manos de las familias más adineradas del país. Mientras ellos preparan sus fuerzas para reprimir y encarcelar, quienes solidarizamos con las causas del pueblo mapuche debemos hacer un enérgico llamado a condenar esta represión, instando a la devolución y restitución de sus tierras, incluso si ello implica afectar las considerables fortunas de los latifundios o de la industria forestal.

Publicado originalmente en La Izquierda Diario