Continúan los cuestionamientos al proyecto minero a cielo abierto Aratirí. La reunión de organizaciones de la sociedad civil y otros sectores, Movimiento Uruguay Libre, identificó irregularidades en la información proporcionadas por el Gobierno y otros organismos sobre los ingresos que generaría en impuestos.
Según el citado grupo, Aratirí representará en impuestos para el Estado 260 millones de dólares y no 400 como viene sosteniendo la empresa a cargo del proyecto.
La versión que da cuenta de mayores ingresos la dio a conocer el viceministro del despacho de Energía y Minas, Edgardo Ortuño, en un acto en la Universidad de la República (UdelaR), el 28 del pasado mes.
Para concluir en la disparidad de las cifras, el Movimiento contrastó datos públicos con la legislación vigente. Específicamente la Ley de Minería de Gran Porte.
De igual manera, el Movimiento dio cuenta de gruesos errores en una publicación del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la que se afirma que la recaudación será de 1 000 millones de dólares.
Según explicaron, la diferencia entre lo proclamado por el Gobierno y lo investigado por Uruguay Libre se produce porque el Gobierno no toma en cuenta las reducciones, por ejemplo, al impuesto a la renta.
Otra irregularidad del informe del FMI es que se factura la recaudación tomando el precio del mineral colocado en China, sin tomar en cuenta el costo del flete y el seguro de la carga. Lo que descontaría un 30 por ciento de lo recaudado.
A esto se suma la crítica en torno a la duración del proyecto.
Según El País de Uruguay: El Fondo Monetario Internacional afirma que la explotación minera tendrá una duración de 27 años, muy por encima de los 12 años que ha propuesto la empresa Aratirí a la Dirección Nacional de Medio Ambiente y de los 20 años declarados por integrantes del gobierno uruguayo en sus presentaciones ante el Parlamento.
Asimismo, continúa Uruguay Libre, el viceministro considera como ingreso el canon de Producción por completo, en otras palabras, el 5 por ciento del mineral exportado según el Código de Minería.
Sin embargo, solo el 3 por ciento es lo que recibe, en realidad, el Estado, según Uruguay Libre.
Dicho movimiento social señala que si el cálculo estatal fuera cierto, Aratirí solo pagaría 29 millones de dólares anuales más, a diferencia de otras empresas mineras.
Esto es así gracias a que la Ley de Minería de Gran Porte faculta a la minera a descontar el Canon del Impuesto a la Renta en Actividades Económicas (IRAE).
Ante ello, el Movimiento Uruguay Libre de Megaminería que reúne miembros de diferentes sectores civiles viene exigiendo una información fidedigna y confiable.
Así como exhorta a los ciudadanos uruguayo a firmar el plebiscito que inhabilitaría la actividad de minería a cielo abierto en su nación.
