Foto: Imagen de una concentración frente al Ministerio de Interior contra la Ley de Extranjería en 2021. (David F. Sabadell)

El puente Frank Gehry se ha estrenado con movilizaciones contra el “acoso policial” sufrido por 13 personas en la Ribera de Deusto, en Zorrotzaurre. Varias plataformas de derechos sociales y colectivos antirracistas llevaron a cabo una concentración este lunes para denunciar los hechos del pasado 25 de mayo, cuando los agentes se personaron en la lonja donde vivían, situada en un edificio abandonado, donde no contaban con luz ni agua, con intención de conseguir pruebas para justificar su deportación.

“Entraron, hicieron un registro, desalojaron el espacio y les detuvieron por no tener papeles”, explican desde las organizaciones convocantes (SOS Racismo Bizkaia, Ongi Etorri Errefuxiatuak, Atxuri Harrera y Erriberako Janari Saskia). Exponen que tras haber sido identificadas en comisaría, a estas 13 personas “se les abrió un expediente de expulsión”. Fuentes de los colectivos advierten de que este aviso implicaría que en la próxima ocasión que sean identificadas, “se active un procedimiento por el que podrían acabar internas en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y deportadas a sus países de origen”.

Los agentes se personaron en la lonja donde vivían, situada en un edificio abandonado, donde no contaban con luz ni agua, con intención de conseguir pruebas para justificar su deportación.

Asimismo, denuncian que se les ha tratado como si fueran “delincuentes” por ser personas migrantes en una situación que les empuja a la exclusión: “sin trabajo para poder alquilar una vivienda digna y sin papeles para conseguir un empleo”. 

En un manifiesto, estas mismas plataformas mencionaron los dos desahucios ejecutados el viernes 26 de mayo en dos viviendas de un inmueble situado en la calle Iturribide, que se saldaron con ocho jóvenes en la calle, sin que el Servicio Municipal de Emergencia (SMUS) les proporcionara una solución habitacional. 

Deportación a Marruecos

Atxuri Harrera, SOS Racismo y Ongi Etorri Errefuxiatuak trasladaron el mismo jueves un escrito a Juan Mari Aburto en el que se denuncia que el Ayuntamiento colaboró en la expulsión de Hussein, militante de Atxuri Harrera, de Bilbao a Marruecos. 

En el texto relatan que Hussein se encontraba desde hace “mucho tiempo” viviendo en la calle. En el momento de su detención, “uno de esos días de frío extremo”, estaban durmiendo en un recurso municipal, del que fue detenido a su salida. Después de un juicio rápido, fue llevado al CIE de Murcia, desde donde fue trasladado a Canarias hasta terminar en El Aaiún, a más de 1.500 km de Ouchda, su ciudad natal. Tras lo sucedido, estos colectivos pusieron de manifiesto el colapso “calculado” del Servicio Municipal de Emergencia (SMUS) y la falta de planes de Acogida e Inclusión. 

Además, detallan que pese a “estar en la calle”, Hussein asistía a clases de castellano y se formaba “en oficios que ya había ejercido” para lograr los títulos exigidos aquí. Algo que, como sostienen, le permitiría “comenzar a realizar su proyecto de vida en Bilbao”. 

“Alkate jauna, ¿está usted por seguir colaborando con esa Ley de Extranjeríany seguir con más expulsiones, identificaciones étnicas, desalojos de viviendas, etc.?”, preguntan las organizaciones a Aburto

“Alkate jauna, ¿está usted por seguir colaborando con esa Ley de Extranjeríany seguir con más expulsiones, identificaciones étnicas, desalojos de viviendas, etc.?”, preguntan las organizaciones a Aburto. Y concluyen: “Queremos decirle que, una persona migrada sin papeles no es un delincuente, sino, más bien, una persona vulnerable y despojada de derechos, condenada a la clandestinidad y la criminalización, sin derechos fundamentales, como lo es trabajar”.

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