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En promedio, un activista ambiental es asesinado cada dos días: organizaciones

Redacción Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. En los dos últimos años 340 defensores del medio ambiente fueron asesinados en países en vías de desarrollo, lo que significa que en promedio 2 activistas murieron cada dos días, denunciaron las organizaciones no gubernamentales Greenpeace y Global Witness.

Laura Furones, portavos de Global Witness, detalló que 40 por ciento de los 340 asesinatos registrados eran indígenas que defendieron sus tierras de proyectos extractivos como la minería y del agotamiento de los recursos naturales como el agua, los árboles y los minerales.

De acuerdo con el informe “El precio del activismo”, tan sólo en el 2015 185 activistas medioambientales fueron asesinados, de los cuales 122 casos sucedieron en América Latina con Brasil y Filipinas como los más peligrosos en todo el mundo, con 50 y 33 casos respectivamente.

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En el informe se destaca el caso de la líder indígena Berta Cáceres, quien fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en Honduras por su lucha contra el proyecto Agua Zarca para la extracción de recursos de la tierra lenca. En rueda de prensa, la hija de Berta, Laura Zúñiga, y el activista mexicano Gustavo Castro, pidieron en Madrid, España, que continúe la exigencia de justicia para que no quede en impunidad el crimen y reclamaron la atención internacional para la investigación transparente que permita sancionar a los responsables.

Además del asesinato a defensores, Zúñiga recalcó el incremento en los feminicidios, la persecución de las diversidades, y ahora, en el caso específico de Honduras, se suma que el nuevo código procesal penal tipifica como delito la movilización de la protesta.

Por su parte, Gustavo Castro señaló que las investigaciones no siguen una línea que conduzca hacia los autores intelectuales y que sólo se contemplan pruebas débiles contra algunas de las ocho personas imputadas, por lo que en un futuro no les será difícil quedar libres.

Recordó que él interpuso una demanda contra el Estado hondureño y la jueza del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que aún está pendiente del resultado de su defensa.

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Con información de Notimex

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