Ciudad de México | Desinformémonos. Luego de un aplazamiento, este miércoles dará inicio la audiencia de proceso para extraditar al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, señaló el secretario del quinto tribunal de sentencia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala, Juan Daniel Lemus. Detalló que sólo cuando el órgano jurisdiccional reciba la consignación del juez de Panajachel, donde detuvieron al ex funcionario, Duarte comparecerá para comenzar el proceso.
Si el acusado acepta “allanarse” a la extraditación sin presentarse algún recurso legal en su contra, en menos de un mes estaría de vuelta en México, y de lo contrario, el tiempo sería de seis meses a un año, explicó por su parte el subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Alfredo Elías Beltrán. Agregó que ningún miembro de la familia del detenido ni su esposa, Karime Macías, tienen órdenes de aprehensión en su contra.
De acuerdo con Elías Beltrán, la PGR continúa con las investigaciones de quienes fueron cómplices, prestanombres o participaron en las “empresas fachada”. Datos del reporte más reciente de la dependencia apuntan que se aseguraron 112 cuentas bancarias, cinco empresas y cuatro propiedades obtenidas por actividades vinculadas con la delincuencia organizada, desvío de recursos y uso de éstos de procedencia ilícita.
Además, Duarte también está acusado de delitos de enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal, por los que se presentó ante la PGR una solicitud de extraditación. Al regresar a México, la pena de Duarte sería de 20 a 40 años por los delitos de delincuencia organizada y de cinco a 15 por el uso de recursos de procedencia ilícita.
El subprocurador jurídico precisó que la “extraditación sumaria consentida por el reclamado” obliga a la parte requerida entregar “inmediatamente a la parte requirente” si el acusado acepta voluntariamente ser retornado. Por ello, admitió que confía en que el gobierno guatemalteco no presente algún inconveniente para entregar al ex funcionario.
Con información de La Jornada
