Ciudad de México | Desinformémonos. El proceso judicial contra los seis defensores del agua de Tlanixco, Estado de México, careció de las “garantías del debido proceso” y la condena a 50 años de cárcel por los delitos de homicidio calificado del ingeniero Alejandro Isaak Basso y privación de la libertad “habría sido adoptada para criminalizar a las personas defensoras involucradas en la defensa del derecho al agua”, señalaron de forma inédita diez Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas en un comunicado dirigido al gobierno mexicano.
Los Procedimientos, entre los que se encuentran el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y la relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, manifestaron su preocupación al recordar que los juicios y las sentencias contra Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González, Rómulo Arias Mireles, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Marco Antonio Pérez González y Dominga González Martínez, fueron afectadas por varias irregularidades, entre ellas la “ponderación basada exclusivamente en declaraciones de los testigos de cargo que no estaban presentes en el momento y lugar del hecho delictivo” y la “valoración de testimonios incoherentes e inverosímiles”.
A un año de que se emitió la sentencia contra Lorenzo, Marco Antonio y Dominga, quienes junto con Teófilo, Rómulo y Pedro fueron acusados del asesinato de Alejandro Isaak Basso, líder de empresarios floricultores de la comunidad vecina de Villa Guerrero que pretendía entubar el agua de los manantiales de Tlanixco en abril de 2003, los relatores especiales y el Grupo de Trabajo indicaron que en el proceso también se registró “desigualdad frente a los tribunales y en el acceso a la justicia” y no se respetó el principio de individualización de la pena, así como “notorias contradicciones” en los testimonios de los denunciantes. “Se destaca que, dentro de sus declaraciones, los 11 testigos señalan haber visto, en el lugar de los hechos, a personas que no estuvieron presentes”, expresaron.
“Los acusados habrían sido identificados por los testigos de manera arbitraria durante reuniones organizadas en el Municipio de Villa Guerrero para preparar declaraciones, gracias a minutas, fotos y videos tomados durante las Mesas del Agua”, agrega el comunicado.
Frente a las irregularidades, los relatores de la ONU y el Grupo de Trabajo indicaron que las acusaciones presentadas y las sentencias adoptadas no están basadas “en pruebas imparciales” y, en consecuencia, a los acusados “no se les proporcionó una oportunidad justa para defenderse ante los tribunales ni/o un debido proceso legal”.
Por ello, llamaron al gobierno mexicano a enviar como respuesta en un plazo máximo de 60 días la información sobre la evidencia y la base jurídica para los arrestos, detenciones y condenas contra los defensores, así como indicar si las autoridades han desarrollado estudios de impacto social y ambiental relacionados con las concesiones del agua en Tlanixco.
Además, pidieron información sobre las medidas de protección adoptadas para asegurar que tanto los acusados como los demás integrantes del pueblo indígena de San Pedro Tlanixco “puedan ejercer libremente su labor, sin temor a cualquier represalia, amenaza, acto de intimidación o agresiones”.
El primero de abril de 2003, once empresarios floricultores de Villa Guerrero ingresaron al pueblo de San Pedro Tlanixco para entubar el agua de los manantiales y utilizarla para la empresa de Isaak Basso. Ante ello, varios habitantes acudieron a defender el agua a la parte del pueblo conocida como El Salto, donde el ingeniero cayó al barranco. Luego de ello, comenzó una campaña de criminalización que provocó que seis personas fueran condenadas a 50 años de prisión por los delitos de homicidio calificado y privación de la libertad.
