Las prisiones del país están saturadas. Les caben 203 mil 84 personas, pero actualmente albergaban a 254 mil 705. Los lugares faltantes son 51 mil 612, lo que significa que las cárceles de México presentan una sobrepoblación del 25.4 por ciento.

En 1994 el cupo de las prisiones era mucho menor, sin embargo en aquél entonces estos espacios no registraban sobrepoblación. Su capacidad era para 88 mil 71 personas y el número personas internas era de 86 mil 361.

Estos datos constan en el documento “La Sobrepoblación en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana. Análisis y Pronunciamiento”, a cargo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), hecho de conocimiento público el 14 de octubre pasado.

Durante la presentación del documento –el cual se trabajó sobre una muestra conformada por los 130 centros estatales penitenciarios más poblados del país–, Ruth Villanueva Castilleja, tercera Visitadora General de la CNDH, señaló que este problema debe ser atendido por el Estado mexicano en su conjunto a través de programas integrales, más allá de la construcción de más prisiones.

Las acciones estatales, puntualizó, deberán estar encaminadas a reorientar el uso desmesurado de la prisión. Algunas de ellas son: privilegiar el uso de penas alternativas a la prisión, la obtención de libertades anticipadas y la imposición de penas que permitan la reinserción social efectiva constitucional.

A decir de Villanueva Castilleja, la sobrepoblación penitenciaria acarrea otros problemas, entre ellos: déficit de espacios humanamente habitables, hacinamiento, falta de control o problemas de ingobernabilidad, insuficiencia de servicios básicos, alojamiento en condiciones indignas, así como falta de oportunidades reales de acceso a los medios para lograr la reinserción social efectiva.