En una flagrante violación del amparo definitivo obtenido por la comunidad otomí de San Francisco Xohicuautla, esta mañana, entre 600 y 800 elementos de la policía, así como integrantes de la empresa Grupo Higa y funcionarios del gobierno del estado de México, a cargo del funcionario Luis Enrique García entraron en territotorio comunal, allanaron la casa de uno de los representantes de la comunidad y la tiraron abajo.

La comunidad indígena se San Francisco Xochicuautla hace cerca de diez años que está organizada en la defensa de sus territorios y en la protección del Bosque del Agua. Es una de las tres comunidades amenazada por el megaproyecto que pretende construir la autopista que conecte las ciudades de Toluca, capital del estado de México, con Naucalpan.

A comienzos de Marzo, los comunitarios consiguieron una victoria crucial en tribunales: la suspensión definitiva del decreto expropiatorio de esas tierras en favor de la empresa Grupo HIGA, hasta tanto no se solucione el conflicto de fondo.
“Hay una violación artera de la decisión judicial de la suspensión definitiva, derivada del juicio de amparo 771/2015, otorgado por el juzgado de distrito 5° de procesos federales y amparo ubicado en la ciudad de Toluca”, explica, claro, Antonio Lara, integrante del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

Lo estipulado por el amparo ganado fue violado esta mañana, cuando la comunidad de San Francisco Xochicuautla fue rodeada por la policía.
Además de esa violencia, cinco personas que son beneficiarias del mecanismo oficial de protección fueron golpeadas por agentes policiales del estado mexicano, según denunciaron desde el Zeferino Ladrillero, durante el episodio de mayor violencia, que se dio en el allanamiento, desalojo y posterior demolición de la casa de uno de los delegados de la comunidad, el Dr. Armando Delgado.

María Isabel es una de las integrantes de más edad del Consejo Supremo de Xochicuautla, que se encontraba en el lugar y denunció así, la violencia sufrida:
“Estaba resguardada dentro de la casa con otras personas y los policías rodeaban el castillo, que así se le conoce a la casa del delegado. Estaba con mi niña, mi bisnieta. Entraron los policías a sacarnos a los empujones. Que esa era mi casa, que no tenían por que sacarme, les dije. Entonces una policía me jaloneó y me caí con todo y niña. Le contesté y ella me pateó en el suelo, me dijo que me callara el ocico. Mi niña llorando pedía por su abuelita.”
La señora, angustiada pero molesta, reflexionó acerca de la violencia desplegada en la comunidad: “Tenemos amparos ganados, pero estamos en un país en que no se respetan las leyes mexicanas. Esta lucha ha sido pacífica, llevamos diez años peleándola. No tenemos armas, nada. Nos dedicamos a trabajar honradamente y así nos pisotean los tres niveles de gobierno. Pido ayuda a todos lo mexicanos, para que nos ayuden a construir un país en donde de verdad seamos libres.”

En una entrevista realizada a uno de los integrantes de la comunidad por Radio Zapote, se alertó que además de la policía hay en Xochicuautla una fuerte presencia de funcionarios de la empresa del Grupo Higa, que entraron al área con maquinaria. Y no sólo eso.
Armando García Salazar, cuya casa fue la atacada, es representante de la comunidad y médico.
Como detalle, -y contracara -, el Grupo HIGA es propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, uno de los principales “empresarios” señalados por los Panamá Papers como evasor fiscal, que se han dedicado a sacar dinero de México a través de la ingeniería financiera elaborada para tal fin, la cual no será ilegal, pero que nadie duda de catalogar como ilegítima.

“Está quedando muy claro que este atropello es la primera muestra, la primera puesta en práctica de la recientemente aprobada Ley Eruviel: esa ley que permite a la policía hacer lo que están haciendo en Xochi, les permite violar los derechos humanos y las decisiones judiciales. Este es el primer ejemplo.”
Desde el Zeferino Ladrillero analizan que el ataque a la comunidad en resistencia responde a dos motivos:
Por un lado, que la empresa HIGA está desesperándose porque el tiempo pasa y no logran imponer la carretera.
Por otro, que hay urgencia por el gobierno en manos del gobernador Eruviel Ávila, de avanzar en ciertos proyectos que considera clave, “antes que la resistencia tire no sólo la ley represiva, sino los proyectos de despojo que tiene proyectados a los largo de todo el estado de México.”
Además de la denuncia pública de la violencia y el accionar policial que consideran ilegal, los comunitarios preparan una resistencia legal a la situación, que presentarán en los juzgados de Toluca que llevan los casos de la comunidad contra la empresa.

Buena parte de la gente que resiste los “proyectos de despojo” se encontraba aún en zonas cercanas de la comunidad atacada. Este fin de semana, decenas de representantes se reunieron en la ciudad de México para lanzar la Campaña Nacional en defensa de la Madre Tierra y el Territorio.
La comunidad otomí San Francisco Xochicuautla es una de las promotoras de esta red nacional que empieza a tejerse y ante la alerta de la violencia aplicada, muchos de los defensores de otras tierras han decidido quedarse a coordinar las acciones a desarrollar en apoyo a los otomíes.
En el momento en que este artículo es publicado, se encontraban reunidos pensando las acciones a seguir, una vez realizada la denuncia pública del ataque recibido.

Fotos: Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero