Ciudad de México | Desinformémonos. Ante la detención en Nayarit del integrante del cártel de los Caballeros Templarios, Federico González Medina, quien está involucrado con la muerte de 34 comunitarios y la desaparición de otros 6 en Santa María Ostula, Michoacán, pobladores temen su liberación y urgieron sacar a los habitantes de la comunidad para hacer las denuncias pertinentes y dar seguimiento al proceso sin correr el riesgo de un ataque o represalia, señaló el Equipo de Apoyo y Solidaridad con la Comunidad Indígena de Santa María Ostula.
Los indígenas explicaron que es necesario estar atento a las decisiones de las autoridades, pues para que la detención forme parte de un operativo dirigido a la desarticulación de los Caballeros Templarios y de su estructura política y económica, “debe investigarse y juzgarse a Federico González por los crímenes antes mencionados, además de que se deben esclarecer sus vínculos con diversas instituciones del Estado, como son la Marina, el Ejército, las policías y el gobierno”.
La noche del 23 de marzo fue detenido en Nayarit Federico González Medina, alias “Lico”, quien “fungía como jefe de la plaza de Aquila, Michoacán, encargado de secuestros, extorsiones en la entidad y ser uno de los principales generadores de violencia en dicho estado”, señaló la policía federal.
El Congerso Nacional Indígena (CNI) indicó a inicios de marzo que el pasado 5 de febrero 5 policías comunitarios fueron secuestrados por elementos de la Marina, quienes después los entregaron a los grupos delictivos de Michoacán, entre los que se encontraba González Medina.
“Lo anterior se suma a los muchos episodios en que las fuerzas armadas del mal gobierno han actuado al unisono con las bandas delincuenciales y en contra de la comunidad indígena de Santa María Ostula, lo que ha contribuido al luto colectivo y la exigencia de justicia por los 34 comuneros que han sido asesinados y por los 5 que se están desaparecidos”, expresó en ese entonces el CNI.
Por ello, el Equipo de Apoyo y Solidaridad hizo un llamado para que las organizaciones políticas y sociales se pronuncien contra la impunidad en la que pueden quedar los delitos cometidos por González Medina y para evitar que continúen las agresiones contra los integrantes de las comunidades indígenas.
