Ciudad de México | Desinformémonos. El Plan Frontera Sur, cuya política de “deportación sistemática” es aplicada a migrantes centroamericanos por el Instituto Nacional de Migración (INM), “cuestiona el acceso a mecanismos de protección que deberían ser garantizados en México”, indicó Médicos Sin Fronteras (MSF), por lo que llamó al gobierno a suspender dichas normas que violan los derechos de los migrantes.
“Desde que el gobierno mexicano implementó el Plan Frontera Sur, la seguridad se reforzó y se incrementaron los controles y retenes, obligando los migrantes a tomar rutas más peligrosas”, afirmó la coordinadora médica de la organización en el país, Carla Denti, al recordar que en una encuesta llevada a cabo en 2015, dos de cada tres migrantes atendidos por MSF reportaron que sufrieron violencia durante su tránsito por México.
Denti indicó que seis de cada diez migrantes centroamericanos atendidos por la organización huyeron de sus hogares después de sufrir ataques directos, mientras que los otros cuatro salieron luego de reicibir amenazas. “Sin duda, la violencia es un factor determinante, combinada con la pobreza, es el motivo principal que obliga esta gente a migrar a México y Estados Unidos”, aseveró.
Ante esto, la coordinadora exhortó a las autoridades a implementar un sistema de protección eficiente que “tome en cuenta la violencia a la que estas personas fueron expuestas en países centroamericanos”.
Si bien los migrantes en situación irregular pueden registrarse de manera temporal en el sistema de salud pública desde 2015, “según nuestra experiencia estas personas todavía carecen de acceso efectivo a la salud, agregó.
“Paras las mujeres que fueron víctimas de violencia sexual, resulta mucho más complejo”, aseveró la médica y abundó: “Los estándares de salud mexicanos ven a la violación como una emergencia médica, pero en la práctica, las mujeres centroamericanas enfrentan dos barreras: el miedo a ser deportadas y el miedo al estigma social, que las mujeres mexicanas ya conocen”.
Hace una semanas, el Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM), que organiza cada año la Caravana de Madres de Migrantes Centroamericanos Desaparecidos en México, aseguró que “el Plan Frontera Sur intensifica las medidas de control, vigilancia, contención y militarización y ha obligado a las personas migrantes a viajar por rutas más remotas y peligrosas”.
Afirmó que los integrantes de la Caravana, en su recorrido por 11 estados del país durante 18 días, constató “otra vez, el incremento notorio en la violencia y la violación de los derechos humanos desde que el gobierno de Enrique Peña Nieto impuso el Plan Frontera Sur en 2014, apoyado y financiado por el gobierno de Estados Unidos para detener los flujos migratorios centroamericanos”.
“Por estas veredas y caminos, las familias migrantes se vuelven presa fácil de grupos de delincuentes, del crimen organizado y agentes estatales corruptos” y “lejos de garantizar su seguridad y sus derechos, las políticas represivas del Estado han sumergido a los migrantes que huyen de la violencia y el hambre en sus comunidades de origen, en un infierno donde están expuestos a robos, extorsiones, violaciones sexuales, trata y tráfico, desaparición y muerte”, denunció.
