Quienes integran la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) piden al Senado de la República reconocer como víctimas a las personas desplazadas internamente. Esto, señalan, con el fin de promover las medidas tutelares que el Estado mexicano debe adoptar para protegerlas.

Hasta el momento, el país carece de un marco jurídico específico para la salvaguarda de la población desplazada internamente. En 2004 hubo un primer intento de legislar en la materia, pero no prosperó. Entonces se buscó un cambio constitucional que señalara la obligación del Estado para con dicho grupo.

El único instrumento legal de protección a desplazados internos vigente en México es la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el estado de Chiapas, aprobada en febrero de 2012.

El pasado 22 de septiembre, Mónica Arriola Gordillo, senadora por el partido Nueva Alianza, presentó una iniciativa en el tema: el Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan Diversas Disposiciones de la Ley General de Víctimas. Ante el nivel de desprotección que viven las personas desplazadas internas en México, la CMDPDH llama a las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado, a quienes fue turnada la iniciativa, a aprobarla a la brevedad.

“Coincidimos con la iniciativa de la Senadora Arriola, en la necesidad de incluir de manera explícita el desplazamiento interno forzado como una categoría diferenciada y autónoma de victimización con el objeto de que los comisionados actuales de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no tengan duda de sus obligaciones y dejen de oponerse a considerar el deslazamiento interno forzado como una violación a múltiples derechos humanos. Para atender a las víctimas y ejercer adecuadamente sus atribuciones, la CEAV deberá de contar con áreas, líneas estratégicas y personal especializado en los derechos de las víctimas del desplazamiento interno forzado”, se lee en un comunicado emitido ayer.

En 2010, la Comisión Interamericana de Derecho Humanos apuntó que México contaba con 3 millones 290 mil 310 migrantes internos como consecuencia de las luchas por el control de rutas de los cárteles de la droga.

El desplazamiento forzado ha existido desde hace mucho en territorio mexicano. Sus causas son diversas y están profundamente ligadas a conflictos históricos: disputas religiosas, luchas territoriales inter e intracomunitarias y conflictos político-militares. Sin embargo, el fenómeno empieza a hacerse evidente en la década de 1970, específicamente en Chiapas. Antes, la Revolución Mexicana había generado un gran número de desplazados internos en todo el país.

En 1994, el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en Chiapas, derivó en un masivo desplazamiento de personas. Tan sólo en el primer año del conflicto, 35 mil personas dejaron sus hogares.

En su documento, la CMDPDH destaca el “alarmante desplazamiento masivo” ocurrido en octubre pasado en Durango, que afectó a más de 250 familias, es decir, a unas 600 personas.

El desplazamiento interno forzado refiere a las “personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.”