Ciudad de México | Desinformémonos. Más de cien reos, entre los que se encuentran los defensores Damián Gallardo Martínez y Enrique Guerrero Aviña, iniciaron una huelga de hambre el lunes 6 de marzo como protesta por los actos de tortura y malos tratos de los que son objeto en las cárceles mexicanas, luego de haber dado positivo en el Protocolo de Estambul que documenta estos casos de abuso, explicaron el el Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH) y el Consorcio Oaxaca.

De acuerdo con las denuncias recopiladas por las organizaciones, en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 2 de El Salto, Jalisco, los reos deben soportar “22 horas al día en una celda de menos de 2×3.5 metros, castigos consistentes en la privación de bajar al área de comidas por periodos de hasta 30 días, visitas denegadas de forma arbitraria o la dilación y denegación del tratamiento médico con la consiguiente afectación al derecho a la salud”.

Además, se documentó la dilación en la transmisión de la correspondencia de los internos por periodos de más de 30 días y la retención de correspondencia jurídica, como por ejemplo la promoción de amparos judiciales, lo cual afecta a su derecho a una defensa legal.

Por otra parte, los reos también denunciaron que son obligados a mantenerse en posiciones forzadas de manera prolongada y a desnudarse en revisiones exhaustivas humillantes.

“La situación se ha agravado desde la recién entrada en función de José Vélez Laredo como nuevo director del Cefereso y del general Salvador Camacho Aguirre como coordinador general de los Penales de Mediana y Alta Seguridad, cuyo nombramiento ha sido además recibido con preocupación por algunas organizaciones de la sociedad civil por sus antecedentes de uso excesivo de la fuerza desde la Policía Federal en los casos de Tanhuato y Nochixtlán”, explicaron.

Las organizaciones señalaron que tanto Gallardo Martínez como Guerrero Aviña presentaron varias quejas frente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la comunidad internacional y amparos judiciales para denunciar la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que han sido sometidos de forma constante y sistemática en el penal de máxima seguridad.

“Tanto Damián Gallardo como Enrique Guerrero han dado positivo en la aplicación del Protocolo de Estambul”, y el segundo ganó un amparo judicial que lo protege a efectos de no repetición.

“Sin embargo, estas acciones han sido respondidas con una completa inacción por parte de la dirección del Cefereso número 2, del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, que administra las prisiones, así como de la CNDH, que tres años y medio después, aún no ha emitido ninguna recomendación”.

Por todo lo anterior, las organizaciones exigieron una inmediata reacción de las autoridades mexicanas, incluida la CNDH, para garantizar la integridad física y psicológica de todos los internos del Cefereso y de los dos defensores, así como “una investigación independiente e imparcial que asegure la sanción de todas las personas responsables de estos actos de tortura y malos tratos”.