Representantes de los 800 ejidatarios de la isla de Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas, solicitaron al secretario de Gobierno de Quintana Roo, Gabriel Mendicuti Loría, que frene el fraude y despojo que pretenden consumar los empresarios yucatecos Fernando Ponce García (dueño de Bepensa, embotelladora de Coca-Cola en la península) y su yerno Ermilo Castilla Roche.

Según los ocho enviados que se reunieron hoy con el funcionario, ambos empresarios se apoderaron en 2007, a precio de regalo y con artimañas, de 70 parcelas ejidales en terrenos de costa (Holbox está al oeste de Cancún y forma parte de la reserva de Yum Balam), donde promueven el complejo turístico La Ensenada, de 875 villas y condominios, tres hoteles, área comercial, campo de golf, canales, helipuerto y un puerto.

En una asamblea ejidal efectuada el domingo pasado se aprobó dividir la ínsula en cuatro ejidos: Holbox, Isla Holbox, Península Holbox y Punta Holbox, lo que abriría las puertas a la empresa Península Maya Developments, asociada con la inmobiliaria Ara, para construir el desarrollo turístico.

Por avalar la división del ejido, los incoformes exigieron hoy la destitución de Rodolfo Vallín Lugo, delegado de la Procuraduría Agraria; de Jorge López Negrete, delegado del Registro Agrario Nacional, y de George Rubén Silesky Mata, magistrado del Tribunal Unitario Agrario.

José Nivardo Mena Villanueva, portavoz de los ejidatarios que viajaron a Chetumal a reunirse con Mendicuti, dijo que el despojo está en marcha, pues 98 ejidatarios ya fueron desconocidos, 70 fueron destituidos de manera ilegal y demandan recuperar sus derechos ejidales.

Dijo que la ensenada donde se planea realizar el proyecto abarca desde Punta Mosquito hasta el faro de Cabo Catoche. Quieren quedarse con todo, pero los habitantes de Holbox estamos en pie de lucha para impedir este despojo que pone en riesgo 5 mil hectáreas y nos deja en la incertidumbre.

Recordó que impugnarán la asamblea del domingo porque se efectuó en la cabecera municipal de Kantunilkín y no en la isla; además, quienes decidieron la división son 70 nuevos ejidatarios yucatecos que no radican en la isla y compraron certificados agrarios por 4.5 millones de pesos cada uno, cuando cada parcela vale cerca de siete millones de dólares.