El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) indemnizar a las ñañús (otomíes) Alberta Alcántara y Teresa González con un millón 72 mil 624 pesos cada una, a fin de repararles el daño ocasionado por la fabricación de pruebas tras haber sido acusadas de secuestrar a policías federales.

En sesión pública –a la que se permitió el ingreso de los representantes de los medios de comunicación–, ocho de los 11 magistrados del pleno de ese tribunal se pronunciaron a favor de una sentencia que sentará precedente fundamental en el país, con el fin de que en casos futuros en que la PGR abuse de su poder y acuse a personas inocentes sea obligada a reparar el daño patrimonial y moral que les ocasione.

En el TFJFA están pendientes una veintena de casos similares al de dichas indígenas, por lo que es muy probable que en unos meses fije su propia jurisprudencia, que obligará a todas las salas regionales del país a resolver en ese mismo sentido.

En 2006, ambas indígenas fueron acusadas de manera injusta por el presunto secuestro en Querétaro de seis elementos de la ahora extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), tras lo cual fueron adoptadas como presas de conciencia por Amnistía Internacional.

Ambas fueron liberadas luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que eran inocentes de los cargos que la PGR les imputó.

Ayer, tras concluir la sesión, el TFJFA emitió un comunicado para explicar que “después de revisar las pruebas (…) se determinó que la autoridad responsable incurrió en irregularidad administrativa, lo que ocasionó un daño patrimonial y moral a las quejosas, por lo que se ordena el pago de las correspondientes indemnizaciones.

“Los magistrados sentenciaron el pago a cada una de las actoras afectadas de la cantidad de 151 mil 924.79 pesos por concepto de la indemnización del daño patrimonial y actualizaciones, al no haber podido trabajar durante el tiempo que estuvieron en la cárcel.

Además, se les pagará la cantidad de 920 mil 700 pesos por concepto de indemnización por daño moral, por haber lesionado su honor, sentimientos, vida privada, afectos, decoro, reputación y que su pueblo les haya perdido el respeto, y la autoridad responsable deberá reconocer su inocencia en los mismos medios donde fueron publicadas las acusaciones.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que encabezó la defensa de las mujeres, señaló en un comunicado: el mensaje que hoy envía el tribunal (…) es que la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado posee un mecanismo para que las personas que son fabricadas culpables debido a la irregular actuación de autoridades investigadoras, tengan derecho a exigir al menos una compensación económica.