20 de noviembre, 2013.- El escándalo que estalló alrededor del caso López Meneses y que ha mostrado cómo un operador de la mafia que gobernó el país en la década del 90 tenía un impresionante resguardo policial en su domicilio, ha sido descrito por el Presidente de la República como “un caso de prácticas irregulares y corruptas de la Policía Nacional”.
Al margen de si esta es la explicación más certera y completa para el caso mencionado, lo que es cada vez más evidente para el común de los peruanos es que la Policía se ha convertido en una suerte de institución prestadora de servicios privados a nivel nacional. Una peligrosa tendencia que cada vez la aleja más de su misión institucional y del servicio público que debe asumir.
Esto se ve en las principales ciudades, ya no solo en las puertas de los bancos, sino también cuando la Policía protege, por ejemplo, a constructoras abusivas que ocupan las vías públicas, interrumpen el tráfico y hasta destruyen pistas y veredas.
Y en las zonas rurales quizás el mejor ejemplo es el de la Policía Nacional prestando servicios especiales de seguridad a las empresas mineras. Estos se realizan bajo el esquema de los denominados “Servicios Extraordinarios Complementarios” por los cuales la Política Nacional ofrece protección “a personas naturales o jurídicas, sean éstas públicas o privadas, así como a entidades públicas en general y empresas de propiedad del Estado a nivel nacional”[1].
Denuncias periodísticas[2] han señalado que la Policía peruana habría firmado por lo menos 13 contratos secretos con igual número de empresas extractivas, principalmente mineras, entre las que figuran Antamina, Yanacocha, Xstrata, Sulliden, Gold Fields La Cima, Santa Luisa, entre otras.
Esta situación, que se reproduce alarmantemente en diferentes regiones del país, no solamente tiene como efecto que una entidad fundamental del Estado, como la Policía Nacional, tome partido en favor de los que le pagan sus servicios, sino que la población le pierda confianza a la actuación del Estado y vea a sus instituciones como actores que carecen de toda neutralidad, que actúan de manera parcializada y que no responden ni por asomo al interés público.
Hechos recientes muestran esta situación de una manera dramática. Un video acompañado del respectivo audio, presentado por la institución GRUFIDES, muestra como un policía le responde a una pobladora de Cajamarca en pleno conflicto de Conga: la pobladora le reclama al policía por el trato excesivamente violento hacia la población y el policía le responde, “los tratamos así porque son unos perros” a lo que agrega un improperio de grueso calibre.
En la localidad de Espinar, en medio del conflicto que estalló en mayo de 2012, la policía mantuvo detenidos a 23 pobladores dentro de las instalaciones de la empresa Xstrata, denunciándose maltratos y torturas. Como consecuencia del conflicto en Espinar murieron 03 pobladores y otros 100 fueron heridos.
Este tipo de actuación de una institución que debe preservar el orden público y que por ningún motivo debería responder a intereses privados, debe cesar cuanto antes. Los denominados “Servicios Complementarios” que presta la Policía a entidades privadas como las empresas mineras, no solo distorsiona su misión institucional, sino que genera un enorme espacio para la corrupción, afecta derechos básicos de peruanos y peruanas y abre mayores grietas de desconfianza entre el Estado y la población.
Notas:
[1] Decreto Supremo que aprueba el reglamento de prestación de servicios extraordinarios complementarios a la función policial, N° 004-2009-IN, p.3.
[2] “Hildebrandt en sus trece”, del 12 de abril de 2013.