Quienes huyen de las guerras, persecuciones u otras persecuciones en sus países e inician un viaje por los países europeos, se enfrentan en su mayoría a violaciones a los derechos humanos como deportaciones forzadas, malos tratos y a la negación al proceso para obtener el estatuto de refugiados.

En las fronteras externas e internas, miles de refugiados y migrantes son víctimas de actos denigrantes y xenófobos, mientras los países de la Unión Europea debaten por el número de personas de otros países que permitirán en sus territorios.

Un ejemplo de esto España, cuya población se mantiene solidaria ante la situación de refugiados, pero las políticas migratorias que son cada vez más represivas se contrastan con las acciones civiles.

Esto puede demostrarse con que, a la par de que las solicitudes de asilo en España tuvieron un ligero ascenso, la política laboral que ha cerrado el grifo a la concesión de permisos de trabajo a personas que no sean originarias del país fue superpuesta.

Tan sólo en el 2014, fue registrado el más bajo índice de autorizaciones de asilo en la última década con 141.708, mientras que en el 2006 fueron aprobadas 857.052.

Este tipo de políticas que provocan el cese del flujo migratorio en España mediante mecanismos de vigilancia en las fronteras, han tenido como único resultado el “aumentar el número de muertes», afirmó la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Con información de Diagonal