Hoy nadie puede negar su inocencia. Se han presentado todas las pruebas que avalan que no participó en la emboscada en la que murieron siete policías estatales y dos resultaron heridos; se ha demostrado el cúmulo de irregularidades en su proceso jurídico. Su caso concentra la discriminación, el atropello y el autoritarismo de la justicia en México, en especial cuando de indígenas se trata.
Se dice que el profesor tzotzil Alberto Patishtán, preso desde hace 13 años en cumplimiento de una condena de seis décadas, enfrenta en estas semanas la última oportunidad de salir libre mediante un proceso jurídico. Pero la última oportunidad no es del defensor de los derechos indígenas en Chiapas, sino del sistema de justicia mexicano, concretamente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, instancia que recibió el caso después del rechazo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Originario de la comunidad de El Bosque, municipio de Simojovel, en Los Altos de Chiapas, el profesor fue sentenciado por los delitos de delincuencia organizada, homicidio calificado, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y lesiones calificadas. La falta de traductores en su juicio, las mentiras demostradas de los testigos, la ausencia de evidencia y un sinfín de irregularidades jurídicas, han provocado la indignación internacional. Su caso ya no le pertenece a México, sino que es causa mundial.
Y precisamente por su internacionalización, la Confederación General del Trabajo (CGT), del estado español, presentó un amicus curiae a las instancias mexicanas en el que concluyen que el profesor Patishtán ha sido condenado injustamente, sin salvaguarda de las mínimas garantías y derechos que todo encausado tiene, de acuerdo a la legislación internacional y nacional de aplicación, concluyendo que a la vista de todos los elementos concomitantes no cabe si no determinar que Alberto Patishtán fue condenado sin el debido respeto a las normas de aplicación para su caso, vulnerando sus derechos humanos, y no cabe en derecho sino la revocación de su condena y su consecuente puesta en libertad.
El reconocimiento de inocencia es lo que procede en el caso Patishtán, y en consecuencia su inmediata liberación. El Tribunal Colegiado es, sin duda, el que tiene la última oportunidad de demostrar que los procesos jurídicos sirven para algo en este país. Alberto Patihstán es inocente y su caso no tendría por qué llevarse a una salida política, es decir, al indulto presidencial, porque ¿de qué lo van a perdonar?
*Columna Los de abajo, publicada en el periódico La Jornada, el 29 de junio de 2013.
