Un año después de celebrar la consulta independentista y después de unas tensas negociaciones entre los diputados, el Parlamento de Catalunya ha aprobado una resolución con 72 puntos a favor y 63 en contra, donde declaran la ruptura con el estado español.

La imagen del pleno ha sido protagonizada por los diputados del Partido Popular, que una vez se ha aprobado la declaración, se han puesto de pie y han exhibido banderas españolas y señeras, mientras que los parlamentarios de Catalunya Sí Que Es Pot, la formación de Pablo Iglesias, sostenían un cartel que pedía un referendo de autodeterminación.

El hemiciclo ha rechazado la enmienda del Partido Popular en favor de la unidad de España, y la propuesta de Catalunya Sí Que Es Pot para convocar una consulta independentista.

Con esta reciente resolución, Catalunya camina hacía la desconexión con España, que tendrá como primera parada el recurso presentado por el gobierno español ante el Tribunal Constitucional.

Declaración de República

El texto aprobado prevé que en un plazo máximo de 30 días se inicie la tramitación de las «leyes de proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública» y proclama la «apertura de un proceso constituyente ciudadano, participativo, abierto», para «preparar las bases de la futura constitución catalana».

El primero de los nueve puntos de la resolución constata que el «mandato democrático» de las elecciones catalanas del 27S, que arrojaron una «mayoría de escaños» de fuerzas independentistas y una «amplia mayoría soberanista en votos y escaños que apuesta por la apertura de un proceso constituyente no subordinado».

Uno de los puntos de la resolución que más controversia ha producido es el que establece que «el Parlament y el proceso de desconexión democrática no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional». El texto señala que el Constitucional es un órgano «deslegitimado y sin competencia» desde que en junio de 2010 emitió una sentencia en la que recortaba el Estatut aprobado en referéndum en 2006.

Además, la resolución insta explícitamente al nuevo Govern a «cumplir exclusivamente aquellas normas o mandatos emanados» del Parlament, para «blindar los derechos fundamentales que puedan estar afectados por decisiones de las instituciones del Estado español».

Por último, se declara la voluntad de iniciar negociaciones para «hacer efectivo el mandato democrático de creación de un estado catalán independiente en forma de república», tras poner el texto en conocimiento del Estado, de la Unión Europea y de la comunidad internacional.

La resolución incorpora un anexo, añadido en forma de enmienda, con la finalidad de «blindar» derechos básicos en materia de pobreza energética, vivienda, sanidad, educación, libertades públicas, administraciones locales, refugiados, aborto y financiación de un plan de choque social y gestión de la deuda.