La Coordinadora Nacional de Pastoral Indígena (CONAPI) exhortó a las autoridades departamentales y nacionales otorgar garantías administrativas y legales para salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas y se atiendan sus reclamos.
Mediante un comunicado expresaron su solidaridad con los pueblos Ayoreo Totobiegodose y PaÎ Tavyterâ e invocaron evitar que sus derechos constitucionales y legales, nacionales e internacionales sean trasgredidos.
El pronunciamiento surgió luego de que los equipos de Pastoral Indígena, de las diferentes Diócesis y Vicariatos de la Conferencia Episcopal Paraguaya se reunieran en la 41 Semana Misionera, y que culminó el jueves 1 de agosto.
Hicieron referencia a la grave violación del territorio ancestral del pueblo Ayoreo a quienes mediante actos irregulares se pretende despojar de parte de su territorio tradicional con labores de desmonte, colocando alambrados y otras actividades que quebrantan sus derechos.
También reclamaron a la Gobernación de Amambay transparencia para ejecutar montos destinados específicamente a favor de los pueblos indígenas pero que no se ejecutan en beneficio de las comunidades a pesar de los innumerables reclamos.
Requirieron al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República investigar y actuar en consecuencia para la correcta ejecución presupuestaria.
La CONAPI es la Coordinación Nacional de Pastoral Indígena, órgano de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) y tiene la responsabilidad de articular la pastoral indigenista junto a los pueblos indígenas del Paraguay.
Nació en 1972, con el nombre de Equipo Nacional de Misiones (ENM), fruto del encuentro y las reflexiones ante la grave situación de los Pueblos Indígenas que sufrían la dictadura militar.
A continuación el comunicado completo:
Comunicado a las autoridades nacionales y a la opinión pública
Reunidos en la 41ª Semana Misionera, los equipos de Pastoral Indígena, de las diferentes Diócesis y Vicariatos de la Conferencia Episcopal Paraguaya, en expresión de solidaridad a favor de los Pueblos Indígenas Ayoreo Totobiegodose y PaÎ Tavyterâ, repudiando los actos de trasgresión de los derechos ancestrales de dichos pueblos, efectuados por organismos públicos nacionales, manifestamos cuanto sigue:
En primer lugar, hacemos referencia a la grave violación del territorio ancestral de los Ayoreos, quienes se encuentran reclamando sus legítimos derechos efectuando cierres de ruta, en consideración a que sus reclamos han sido desoídos por parte de las autoridades nacionales pertinentes.
Mediante actos irregulares, pretenden despojar parte de su territorio tradicional, llevando a cabo trabajos de desmonte, colocación de alambrados, apertura de caminos y otras tareas en abierto quebrantamiento de la normativa nacional e internacional que tutela los derechos indígenas.
Personas inescrupulosas pretenden ubicar sus títulos de propiedad en territorios ya titulados de los Ayoreos, manipulando la justicia ante la inoperancia de los organismos públicos competentes, llevando a cabo barbaridades jurídicas, violando el derecho ancestral de los Pueblos Indígenas, reconocidos como antecesores del Estado paraguayo.
En segundo lugar, reclamamos a la Gobernación de Amambay, la transparencia en la ejecución de los montos destinados a favor de los Pueblos Indígenas, establecidos en el Presupuesto General de la Nación y transferidos al gobierno departamental de Amambay, que asciende a la suma de Gs. 566.301.702, individualizado con el rubro “sector indígena”.
Dicho monto, según las organizaciones indígenas de la región, no ha sido ejecutado en beneficio de las comunidades indígenas del departamento, a pesar de los innumerables reclamos efectuados en ese sentido, pues hasta la fecha no se han realizado las obras ni las demás peticiones formuladas en diversas ocasiones, tales como construcciones de escuelas, reparación de centros educativos y la construcción, reparación de caminos y puentes de varias comunidades ubicadas en el departamento, a pesar de que en el mes de febrero de 2013, se ha acordado el plan de prioridades, atendiendo a las urgencias de las comunidades indígenas del departamento de Amambay.
Si bien es cierto que el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, han tomado intervención en el caso, requerimos que los mismos actúen conforme a derecho, investigando a fondo la cuestión, a fin de que sean respetados los derechos de los Pueblos Indígenas, esclareciendo acabadamente el destino de los desembolsos y por ende, la correcta ejecución presupuestaria, esto es, en beneficio de las comunidades indígenas del mencionado departamento.
En virtud a lo expuesto precedentemente, exhortamos a las autoridades departamentales y nacionales, que sean otorgadas las garantías administrativas y legales, para que los derechos de los Pueblos Indígenas sean salvaguardados, y que sean atendidos los reclamos de los mismos, evitando que sus derechos constitucionales y legales, nacionales e internacionales sean trasgredidos.
¡Exigimos inmediata justicia!