La alternancia electoral en abril del 2008 no fue suficiente para desmontar un Estado que por décadas se había olvidado de los sectores empobrecidos y privilegiado a un pequeño sector económico. En dicho año asumió la presidencia del Paraguay un presidente no colorado, el ex obispo Fernando Lugo, que puso fin a 61 años de gobierno ininterrumpido del Partido Colorado. Las expectativas ciudadanas y los buenos deseos no fueron suficientes para provocar cambios significativos¹.

La alianza opositora de aquel año, integrada por la mayoría de los sectores de oposición, ciertamente había logrado su cometido: derrocar al Partido Colorado; pero se encontraba con grandes limitaciones para avanzar hacia otros temas tan necesarios como el de la problemática de la tierra. El gobierno no colorado se encontró con un “Estado paraguayo heredero del Estado colonial español y de múltiples dictaduras y autoritarismos, y por lo tanto jamás ha sido su función la protección universal de los derechos” (Bareiro, 2011: 17). Eran muchos los desafíos y pocas las posibilidades reales de enfrentar la pobreza y las desigualdades con reformas estructurales que vayan más allá de las políticas compensatorias mínimas, diseñadas para cubrir los desajustes del modo de producción hegemónico.

Derrocar al gobierno de Lugo, a través de un golpe parlamentario en 2012, fue -además de una demostración de fuerza de las derechas paraguayas- la señal para retomar los cauces del neoliberalismo radical, de profundizar el extractivismo y asegurar el resguardo de los intereses “de la burguesía paraguaya insertada en las órbitas de expansión del capitalismo moderno mundial” (Quevedo, 2015:50). Una vez más -después de Wasmosy- se apeló a la figura de un empresario para el gobierno 2013-2018, el tabacalero y dirigente de fútbol Horacio Cartes con el slogan “el nuevo rumbo”, vinculado a un proyecto de modernización del Partido Colorado y del Estado, en base a los requerimiento del proyecto neoliberal:

“Un programa de modernización capitalista, que pasa por una ruptura del clásico clientelismo colorado, de manera a agilizar la modalidad de privatización. Esa modernización no incluye en modo alguno el respeto a los derechos humanos, ni el desarrollo de garantías de protección de los derechos, ni una promoción de la ciudadanía activa y mucho menos una profundización democrática” (Bareiro, 2013, pág. 27).

Ciertamente, esa “necesaria modernización” se vuelve cada vez más ralentizada con el Partido Colorado y sus caudillos, quizá sea esa una de las principales causas por la que la Embajada de Estados Unidos en Paraguay ha declarado significativamente corrupto y con vínculos con grupos terroristas al actual vicepresidente de la república, Hugo Velázquez, y al presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes.

Vale recordar que el gobierno de Cartes fue caratulado por las organizaciones sindicales como ‘el peor de todos’ en materia de persecución sindical (Monte Domecq, 2018) y sus leyes de concentración de poder, especialmente la de APP, levantó varias protestas del movimiento popular. Organizaciones sindicales, campesinas, estudiantiles y de mujeres levantaron sus voces de protesta en varias ocasiones; uno de los puntos más álgidos de las protesta fue la huelga general del año 2014, que entre sus reivindicaciones incluyó la derogación de la Ley de Alianza Público-Privada (APP), la reforma agraria, la libertad sindical.

Las diferentes medidas, al menos en su mayoría, vinculadas a leyes y programas de reformas neoliberales adoptadas por los gobiernos, contribuyeron al debilitamiento y desgaste de las instituciones públicas, cuando que la tarea era lo contrario, fortalecer y sanear la institucionalidad pública, la burocracia y la profesionalización del funcionariado público. Por otro lado, apuntaron a una mayor desprotección de la población, la flexibilización laboral, un sistema de salud y educación con enormes deficiencias; han establecido un marco legal propicio para las inversiones extranjeras con objeto de extraer riquezas de diversas formas, sin aportar al crecimiento interno y sostenimiento del país.

Paraguay está en las puertas de nuevas elecciones generales que se disputarán el próximo 30 de abril, el mes de marzo es un mes de movilizaciones populares, en el que diversas organizaciones ponen sobre el tapete sus agendas de luchas: acceso a la tierra y reforma agraria, equidad tributaria e impuestos a la riqueza, el respeto al medio ambiente, la lucha contra el machismo y al discriminación, los derechos laborales y políticas de empleo, desprecarización laboral y seguridad social, producción y soberanía alimentaria, entre otras.

En caso de que se consiga una nueva alternancia se podría tener una pequeña oportunidad de impulsar y amplificar estos reclamos, pero no será suficiente el acto electoral, sino dependerá de la fuerza, de la articulación y de la capacidad de diálogo y acción conjunta que exista en los movimientos sociales para impulsar proyectos de cambios que cuestionen el conservadurismo y los privilegios de las clases dominantes. Se tiene el gran desafío de pensar, construir y socializar una estrategia popular que ofrezca alternativas, porque desde los centros de poder no llegarán.

Referencias:

– Bareiro, Line 2011 “Análisis de Coyuntura Política” en CODEHUPY Informe sobre Derechos Humanos en Paraguay 2011 (Asunción: CODEHUPY).

– Bareiro, Line 2013 “Coyuntura Política” en CODEHUPY Informe sobre Derechos Humanos en Paraguay 2013 (Asunción: CODEHUPY).

– Irala, Abel 2020 “Reforma del Estado y organizaciones populares” (Asunción, BASE IS).

– Monte Domecq, Raúl 2018 “Situación de los derechos de libertad sindical en Paraguay” en CODEHUPY Informe sobre Derechos Humanos en Paraguay 2018 (Asunción: CODEHUPY).

– Quevedo, Charles 2015 “La construcción del (des) orden neoliberal” en: Carbone, R. y Soler, L. Des-Cartes Estampas de las derechas en Paraguay (Buenos Aires: Punto de Encuentro).

1Sobre las políticas del gobierno de Fernando Lugo (2008-2012) en cuanto a educación, salud, y otras políticas sociales, además de su relación de “apoyo crítico” con los movimientos sociales, se recomienda el artículo científico del autor Luis Miguel Uharte Pozas “El proceso de democratización paraguayo: avances y resistencias” en Revista América Latina Hoy, número 60, año 2012, Universidad de Salamanca.