Dos adolescentes fueron muertos por armas de fuego durante una rebelión en el Centro Educativo Itauguá, en Paraguay, el último día 21 de este mes. El caso está siendo investigado por las autoridades judiciales, y seguido de cerca por el Mecanismo Nacional de Prevención a la Tortura (MNP), que está publicando un informe preliminar mostrando la situación y la realidad que enfrentan los menores en conflicto con la ley. El informe fue realizado basándose en entrevistas con internos, educadores y funcionarios del Centro Educativo.

Según averiguó el MNP, los adolescentes iniciaron la protesta para reclamar sobre la violencia física y verbal que venían sufriendo por parte del superior de la guardia, conocido como Falcón, y también por la mala calidad de la comida. Durante la entrevista, un interno relató que hace pocos días encontraron gusanos en la comida. Como no lograron recibir atención a sus demandas los adolescentes iniciaron un motín, quemando colchones y golpeando en las camas para hacer ruido.

Cuando la situación ya estaba siendo controlada, los guardias que estaban cerca del pabellón 3B, sin mediar palabras ni considerar la gradualidad exigida (advertencias o medidas disuasorias) dispararon con escopetas calibre 12 cargadas con balas de goma y de metal. Algunos adolescentes relataron que otros guardias también habían disparado con revólveres. Dos adolescentes, uno de 15 y otro de 17 años, fueron alcanzados. Los internos fueron llevados al hospital, pero no resistieron la gravedad de las heridas y murieron horas después.

La autopsia de los cuerpos demostró que los adolescentes fueron alcanzados a corta distancia y por la espalda. Uno de ellos presentaba nueve orificios de entrada de balas y el otro presentaba siete orificios. La mayor parte de los disparos ocurrió en la cabeza y el cuello.

Dos guardias, que serían los supuestos responsables de los disparos con las armas de fuego están siendo procesados por homicidio culposo y esperan las medidas cautelares que serán dictadas por el Tribunal Penal de Garantías.

El Mecanismo de Prevención a la Tortura denuncia que la intervención fue «desproporcionada, innecesaria e irracional” y cuestiona la existencia de armas de fuego en el Centro Educativo, que además son de grueso calibre. De acuerdo con el artículo 65 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores privados de libertad les está prohibido a los funcionarios portar y utilizar armas.

El MNP también analiza con preocupación la intervención de las autoridades administrativas y fiscales después de lo ocurrido. «Es preocupante la demora en el auxilio y atención médica de los adolescentes que se encontraban en el pabellón 3B, que no recibieron ningún tipo de contención ante lo ocurrido, ya que fueron retirados seis horas después con la custodia de policías antimotines. Esto, en la opinión del MNP, fue innecesario, pues los adolescentes estaban calmos y controlados. En todo caso, los mismos requerían apoyo y atención inmediatamente después de haber presenciado la muerte de dos compañeros”, criticó el MNP, resaltando la necesidad de que el Ministerio de Justicia tenga un protocolo de intervención para distintos niveles de conflicto.

Una serie de recomendaciones se realizaron al Ministerio de Justicia, Ministerio Público, Defensoría Pública, Secretaría Nacional de Defensa del Niño y del Adolescente y al Tribunal Penal de Garantías, de modo de asegurar la no repetición de este tipo de casos, garantizar la debida diligencia en las investigaciones, aplicar las reglas mínimas de las Naciones Unidas y proteger los derechos de los adolescentes privados de libertad.

Lea el informe completo aquí: http://issuu.com/comunicacionmnp/docs/informefinalitaugua26042014

Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com