El Paquete Económico Federal 2026 (PEF) enviado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Cámara de Diputados para su aprobación, adquiere especial relevancia en el contexto migratorio actual, caracterizado por desafíos estructurales en materia de derechos humanos para las personas en movilidad.

Muchas personas que inicialmente se dirigían a Estados Unidos han quedado varadas en México, enfrentando necesidades urgentes de protección internacional y requiriendo acceso a procedimientos justos y eficientes ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR); mientras que la población en tránsito que ha decidido establecerse en el país necesita mecanismos accesibles de regularización y oportunidades reales de integración. El retorno forzado de personas —mexicanas y de terceros países— desde Estados Unidos plantea nuevos retos, ya que requieren garantías efectivas para ejercer derechos básicos como a la identidad, al trabajo, a la educación y a la salud.

En este escenario, es fundamental redirigir y fortalecer el presupuesto federal hacia instituciones clave encargadas de proteger los derechos de esta población, como la COMAR, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el Sistema Nacional DIF y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Es indispensable asegurar que el Instituto Nacional de Migración (INM) no concentre sus recursos en tareas de contención o criminalización, sino que contribuya a una política migratoria basada en la integración y los derechos humanos.

Desde el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) analizamos algunos de los rubros del PEF 2026 que impactan directamente en la atención, integración y protección de las personas en movilidad.

COMAR sin aumento en presupuesto de personal

El presupuesto proyectado para COMAR en 2026 muestra un incremento real del 56% respecto a 2025, pasa de poco más de 47 millones de pesos a 109 millones. Sin embargo, el 72% de esta asignación está dirigido a gastos operativos (viáticos, insumos y servicios), y solo el 28% se destina a servicios personales, es decir, sueldos y contratación de personal. Esto es preocupante, ya que una de las principales causas de los retrasos y deficiencias en los procedimientos de asilo —particularmente en la Ciudad de México, según ha documentado el IMUMI— es la falta de personal suficiente. En los últimos años, el número de plazas se ha reducido mientras la carga de trabajo ha aumentado, en un contexto de desfinanciamiento crónico.

La situación se agrava por los recortes internacionales al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que llegó a cubrir la contratación de hasta 230 plazas en COMAR. Para 2026, se anticipan recortes aún mayores por parte del ACNUR, lo que podría profundizar la crisis operativa. Por ello, es urgente reorientar el presupuesto hacia el fortalecimiento institucional, particularmente en servicios personales, si se pretende garantizar el derecho al asilo en México.

SRE sin atención a personas mexicanas en Estados Unidos

El presupuesto para la atención consular de personas mexicanas en el exterior también enfrenta limitaciones. En 2026 se prevé un aumento de apenas 4%, pasando de 524.1 millones de pesos a 549.6 millones, concentrado principalmente en el Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME) y la Dirección de Protección Consular y Planeación Estratégica. Aunque direcciones como Servicios Consulares (13%) y Oficinas de Pasaportes (8%) registran incrementos más relevantes, estos ajustes siguen sin estar a la altura del crecimiento en la demanda de trámites como la doble nacionalidad, documentos de identidad y representación legal ante detenciones.

La protección consular debe contar con un presupuesto que sea coherente con el discurso oficial de defensa de los derechos de la diáspora mexicana, particularmente en Estados Unidos, donde persisten condiciones de vulnerabilidad para muchas personas migrantes.

Niñas, niños y adolescentes en movilidad: sin avances presupuestales reales

Desde 2021, México cuenta con un nuevo sistema de protección y una ruta especializada para niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad. Sin embargo, la inversión pública para su implementación efectiva no presenta incrementos sustanciales para 2026. SIPINNA apenas tendrá un aumento de 0.5%, pasando de 72.9 millones a 76.7 millones de pesos, mientras que el Sistema Nacional DIF contará con un incremento marginal del 2%, de 41.1 millones a 42.2 millones de pesos. Estos recursos son claramente insuficientes frente a las crecientes necesidades de protección, inclusión y atención diferenciada para esta población, lo que cuestiona el compromiso institucional con la niñez migrante y refugiada.

INM propone más barreras económicas para trámites migratorios

El presupuesto del INM también muestra un aumento considerable: de 1,700 millones de pesos en 2025 a 1,961 millones en 2026. Este monto suele destinarse a sueldos y plazas, pero lo más preocupante es la propuesta de un incremento del 100% en los costos de trámites migratorios, aprobado previamente. De concretarse, el trámite más costoso —la residencia temporal por cuatro años— llegaría a costar alrededor de 25 mil pesos, equivalente a casi 90 salarios mínimos. Aunque se contempla un descuento del 50% en ciertos casos (unidad familiar, oferta de empleo o invitación institucional), los costos actuales ya son prohibitivos para muchas personas en situación de movilidad, dificultando su regularización e impidiendo el acceso a otros derechos básicos. Estas tarifas desproporcionadas contradicen los objetivos de integración social y limitan el ejercicio de derechos fundamentales como salud, educación y trabajo.

Fiscalía Especializada en delitos contra personas migrantes: sin cambios

La Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas tendrá prácticamente el mismo presupuesto que este año: se proyectan 4,644,185 pesos para 2026 frente a los 4,650,173 de 2025. Esto evidencia la falta de priorización presupuestaria en la lucha contra la impunidad en delitos que afectan gravemente a personas migrantes, como secuestros, extorsiones y desapariciones.

En conclusión, es urgente reconfigurar el presupuesto federal para avanzar hacia un modelo que realmente fortalezca a las instituciones encargadas de atender a personas en movilidad y que garantice el respeto a sus derechos. El fortalecimiento de COMAR, SIPINNA, DIF, SRE y la revisión crítica del presupuesto del INM deben formar parte de una política migratoria integral, con enfoque de derechos humanos, justicia fiscal e inclusión. La Cámara de Diputados aún está a tiempo de corregir el rumbo y aprobar un presupuesto que refleje un compromiso serio con las personas migrantes, refugiadas, retornadas y en tránsito por nuestro país.

*Coordinadora de incidencia, Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI).

X. @IMUMIDF