Ciudad de México | Desinformémonos. Los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa reclamaron frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) que la inacción del gobierno y su incapacidad para esclarecer lo sucedido es “indignante”, a casi 30 meses de los hechos.
Emiliano Navarrete, padre del estudiante desaparecido, José Ángel Navarrete González, lamentó en el mítin que «desde abril de 2016, cuando se fueron los expertos internacionales, la PGR no ha tenido ni la voluntad de detener a dos agentes de la policía federal que participaron en la privación ilegal de la libertad de los 43 normalistas, en la desaparición de nuestros hijos».
En el mítin también participaron integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, del Sindicato de Telefonistas y los jornaleros de San Quintín.
La protesta sucedió momentos antes de que en Washington, Estados Unidos, otros grupo de familiares de los 43 se reuniera con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde acusaron de “mentiroso” al gobierno de Enrique Peña Nieto por continuar con el encubrimiento de información sobre el 26 de septiembre del 2014, día en que desaparecieron los estudiantes.
“Hemos recibido puras mentiras de parte de las personas que tenemos aquí enfrente. Llevamos casi 30 meses sin saber de nuestros hijos”, declaró la madre de Martín Sánchez García, Joaquina García Velásquez. Señaló que, por el contrario, al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sí le creen.
Los representantes de los padres de los 43 normalistas recordaron que, a pesar de las recomendaciones que hizo el Grupo Interdisciplinario en dos informes, “el paradero real de los estudiantes sigue sin determinarse”.
Durante la reunión también estuvieron presentes organizaciones defensoras de derechos de humanos para acompañar a los padres en el proceso de encuentro, y determinaron que “el Estado está ocultando información, no se ha dado seguimiento a la línea de investigación que recomendó el GIEI sobre el tráfico de narcóticos implicado en el caso, y de manera vergonzosa se ha incumplido con indagar las irregularidades cometidas por el Estado”.
“Para este Estado mentiroso, corrupto, es más importante cubrir a sus funcionarios públicos que hacer una investigación adecuada para encontrar a nuestros muchachos”, denunció por su parte Mario César González Contreras, padre de César Manuel González Hernández, frente a los representantes del gobierno de Peña Nieto.
Para continuar el proceso de seguimiento de las recomendaciones y medidas cautelares que emitió el GIEI, el próximo 20 de abril comisionados del CIDH hará una visita a México, aunque por ahora el compromiso es sólo “mantener el mandato” de la Comisión sobre el caso.
