Ciudad de México | Desinformémonos. Un juez en Puebla otorgó a comunidades indígenas de la entidad una suspensión provisional del acuerdo presidencial que blinda las obras y proyectos del gobierno al considerarlos como asunto de seguridad nacional, publicado el pasado 22 de noviembre.

La suspensión fue otorgada por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, informó la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena – Concejo indígena de Gobierno (CNI-CIG).

El CNI-CIG explicó en conferencia de prensa que pueblos y comunidades indígenas de diez estados del país han interpuesto 17 amparos contra el acuerdo presidencial, con el que el gobierno «tendrá las facilidades para proteger el negocio propio y el del gran capital que quiere seguir despojando los territorios de la nación y sus pueblos».

«A pesar de la profunda aberración jurídica que representa el acuerdo, en la mayoría de estos amparos los jueces se han declarado incompetentes, los han desechado de plano o nos han solicitado diversas aclaraciones que se vuelven interminables», denunció el CNI-CIG.

Sólo el juzgado en Puebla admitió el amparo y otorgó la suspensión provisional a las comunidades indígenas, con la que el gobierno mexicano «está impedido de manera provisional para ejecutar las acciones señaladas en su ilegal acuerdo, como el declarar sus proyectos de “Interés Público” y de “Seguridad Nacional”», señalaron los pueblos.

Tras la resolución del juzgado y la lucha legal contra el acuerdo presidencial, los integrantes del CNI-CIG llamaron a los pueblos «a estar atentos a la imposición de los megaproyectos de muerte» y «a la forma como pueda desempeñarse el poder judicial» ante la decisión de defender sus derechos y sus territorios.

A continuación el comunicado completo:

A los pueblos de México,

A los pueblos del mundo,

A los medios de comunicación.

Anunciamos que hasta el día de hoy pueblos y comunidades indígenas de Jalisco, Querétaro, Puebla, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y CDMX, participantes en el Congreso Nacional Indígena, han interpuesto 17 amparos en contra del acuerdo del presidente de la república que declara las obras y proyectos del gobierno federal de interés público y seguridad nacional, instruyendo a las dependencias de la administración pública federal para que otorguen autorizaciones provisionales para su ejecución, pasando por alto los requisitos establecidos en la Constitución y en los convenios internacionales y leyes reglamentarias; violentando así los derechos de nuestros pueblos con la finalidad de posibilitar la imposición de las obras de infraestructura y de los grandes megaproyectos que, como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Proyecto Integral Morelos, posibiliten un mayor despojo de nuestros pueblos mediante el reordenamiento de los territorios, fronteras y poblaciones de México y Centroamérica en favor de los intereses geopolíticos de los Estados Unidos y de los grandes capitales multinacionales.   .

A pesar de la profunda aberración jurídica que representa el acuerdo, en la mayoría de estos amparos los jueces se han declarado incompetentes, los han desechado de plano o nos han solicitado diversas aclaraciones que se vuelven interminables; en contraste con esta actitud omisa y cómplice de muchos jueces, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla otorgó la suspensión provisional del acuerdo presidencial.

Con esta suspensión el gobierno neoliberal mexicano está impedido de manera provisional para ejecutar las acciones señaladas en su ilegal acuerdo, como el declarar sus proyectos de “Interés Público” y de “Seguridad Nacional”, reiterando con cinismo su decisión de atropellar los derechos de quien sea, usando a sus grupos armados para hacerlo; mismos que no solo reprimen, sino que se benefician de los mega proyectos del gobierno neoliberal mexicano, como ocurre con la secretaría de la Defensa Nacional que, desde un principio, se posicionó como beneficiaria y operadora del proyecto del aeropuerto internacional de Santa Lucía y del Tren Maya. Con el acuerdo del mal gobierno federal, adicionalmente tendrá todas las facilidades para reprimir a los pueblos que se opongan.

Es decir, tendrá las facilidades para proteger el negocio propio y el del gran capital que quiere seguir despojando los territorios de la Nación y sus pueblos, teniendo las armas y las facultades para usarlas en contra de los pueblos indígenas, campesinos y de las ciudades que se opongan, usando torcidamente los argumentos del “Interés Público” y la “Seguridad Nacional”, lo que de por sí vienen haciendo con o sin acuerdo presidencia.

Llamamos a los pueblos de México y de las geografías rebeldes en el mundo a estar atentos a la imposición de los megaproyectos de muerte y a la forma como pueda desempeñarse el poder judicial ante la decisión de nuestros pueblos por defender sus derechos y sus territorios.

ATENTAMENTE

Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos

Nunca más un México sin nosotros

Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena- Concejo indígena de Gobierno.