Representantes de movimientos sociales mexicanos se reunieron esta tarde con el embajador de Honduras en México, José Mariano Castillo, para solicitar se construya un acuerdo político que cancele la alerta migratoria por 30 días que impide al ambientalista mexicano Gustavo Castro Soto, sobreviviente y testigo del asesinato de la dirigente indígena lenca Berta Cáceres, regresar a México.
Miguel Mijangos, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), explicó en entrevista que en la reunión -en la que hubo representación de Otros Mundos Chiapas -organización a la que pertenece Castro-; Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) y Amnistía Internacional, se le planteó al diplomático hondureño que existe técnicamente la posibilidad de construir un «acuerdo político» entre los gobiernos de ambos países para que Castro Soto pueda continuar colaborando desde México con la Fiscalía de Etnias de Honduras, responsable de la investigación del asesinato de Cáceres, sin que corra peligro su vida, como ocurre actualmente.
Para construir ese acuerdo en el orden diplomático se va a buscar que representantes de movimientos sociales mexicanos vayan a Honduras a entrevistarse con funcionarios de la Fiscalía de Etnias, de la Cancillería, la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de ese país, por lo que le solicitaron al embajador Castillo su intervención para coadyuvar a concertar las entrevistas. «Hay disponibilidad del embajador a colaborar» al respecto, informó Mijangos.
Subrayó también que en el caso de Castro Soto «ha habido una total colaboración entre las dos cancillerías (la de México y la de Honduras) que ha facilitado que Gustavo siempre esté bajo la protección del gobierno mexicano» durante las diligencias judiciales.
El embajador Castillo sin embargo aclaró que en lo que respecta a la parte judicial, son dos órganos independientes, «la Fiscalía de Etnias considera que la alerta migratoria es pertinente porque el papel de Gustavo en la investigación no ha terminado» pero que aunque la alerta migratoria es por 30 días, puede concluir antes.
Mijangos informó también que le solicitaron al embajador hondureño que se le explique pormenorizadamente a Castro Soto y su defensa cuál es su situación legal dentro de la indagatoria judicial y de qué se trata el procedimiento de la alerta migratoria.
Añadió que el embajador hondureño reconoció el «gran efecto político» que le ha ocasionado a su gobierno el asesinato de la dirigente indígena lenca Berta Cáceres, presidenta del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
