Diversas organizaciones denunciaron que los gobiernos y empresas de países americanos no respetan los derechos básicos de las poblaciones en América Latina, y específicamente en Brasil donde la agencia reguladora del gobierno federal ni siquiera fiscaliza a las empresas mineras.

La creciente presión sobre los recursos naturales para implementar proyectos que afectan los ecosistemas representó el principal reclamo, pues la construcción de represas y la minería violan derechos como el acceso y protección del agua.

Entre los casos destacaron la apropiación, contaminación y daños irreversibles al vital líquido, que además de perjudicar el derecho al acceso, también afecta el derecho a una vida digna, salud, alimentación, integridad, cultura y ambiente saludable, que termina por dañar a las comunidades e individuos que habitan las zonas manipuladas por las grandes empresas y el mismo gobierno.

Respecto a la minería, Brasil por su parte no fiscaliza las licencias otorgadas a las empresas mineras, por lo que no es posible cuantificar si la cantidad de agua utilizada concuerda con el pedido de la corporación.

«La facilidad con que los otorgamientos son concedidos, así como la ausencia de fiscalización pos autorización, sumado a la no existencia de una política de regulación del precio, parecen enmascarar un estímulo del uso desmedido del agua, teniendo como base el anticuado discurso de abundancia hídrica”, indicó Gabriela Fernández, del Comité Nacional en Defensa de los Territorios Frente a la Minería.

Reafirmar el reconocimiento del agua como un derecho humano, la protección de la misma y la consideración de su importancia, son algunas exigencias que organizaciones reclamaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante la ausencia de procuración del vital líquido.

Con información de Adital