Ciudad de México | Desinformémonos. La falta de recursos económicos para el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas es una de las causas por las que éste “no ha podido proporcionar protección adecuada a los defensores y periodistas en riesgo o abordar las causas fundamentales de las amenazas y ataques que sufren”, denunciaron la Oficina de Washington en América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés) y Brigadas Internacionales de Paz (BIP).

Tras la publicación de un informe elaborado por ambas organizaciones, alertaron que el gobierno mexicano no ha destinado recursos para fortalecer el programa de protección, a pesar de que al menos siete beneficiarios del mecanismo hayan sido asesinados desde agosto de 2017.

En el informe se destaca que sólo 3 por ciento de las investigaciones iniciadas por las fiscalías y procuradurías estatales entre 2012 y junio de 2018 llegaron a los tribunales, además de que menos de 12 por ciento de las mil 77 investigaciones iniciadas por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión en ese periodo fueron llevadas a juicio y sólo cinco casos, es decir, menos de uno por ciento, resultaron en sentencias condenatorias.

Las organizaciones señalaron que también hay escasez en los recursos humanos del programa, pues sólo 35 personas supervisan la protección de los 831 periodistas y defensores inscritos. Por otra parte, en 2019 se recortaron más de 50 millones de pesos de presupuesto, en comparación con lo invertido en 2018.

“El mecanismo no puede abordar sus deficiencias con los recursos humanos y presupuesto actuales. Proporcionar fondos adicionales sería el primer paso que el gobierno mexicano puede tomar para garantizar que el mecanismo cuente con los recursos necesarios a fin de manejar su creciente carga de trabajo”, dijo la coordinadora de comunicaciones de BIP, Hannah Matthews.