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Organizaciones denuncian violaciones a los derechos humanos por política migratoria “Quédate en México”

Redacción Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. Organizaciones civiles y activistas denunciaron que el programa “Quédate en México” viola los derechos de los migrantes por obligarlos a permanecer en un país donde su seguridad peligra y donde en la mayoría de los casos no cuentan con representación legal ni reciben ninguna ayuda oficial, mientras sus solicitudes de asilo son tramitadas en Estados Unidos por un periodo que oscila entre los seis meses y los dos años.

De acuerdo con las organizaciones, entre las que se encuentra el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMM) y Amnistía Internacional México, el gobierno mexicano ya inició el traslado de los solicitantes de asilo desde la frontera norte hasta Tapachula, Chiapas, sin ofrecer información clara y sin considerar que los migrantes tienen mayor riesgo de ser detenidos y deportados en esa ciudad.

La directora del IMM, Gretchen Kuhner, informó que a la fecha más de 55 mil personas han sido enviadas desde Estados Unidos a México para que, por un periodo de seis meses a dos años, esperen allí mientras se procesan sus solicitudes de asilo, sin que tengan representación legal y con mayor riesgo de ser víctimas de extorsión, secuestro y otros delitos.

Por su parte, la investigadora de Amnistía Internacional México, Madeleine Penman, explicó que el programa “Quédate en México”, formalmente llamado Migrant Protection Protocols (MPP), deja a los solicitantes de asilo en un “limbo legal”, sujetos a audiencias que pueden tardar meses y en las que hay altas probabilidades de que sean rechazados.

Finalmente, el activista Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, acusó que el gobierno mexicano negó la entrega de visas humanitarias a cerca de 3 mil migrantes africanos y más de 4 mil 600 haitianos. Agregó que los migrantes huyen de la violencia en sus países de origen y que es responsabilidad del gobierno garantizar su derecho a recibir protección y no ser devueltos a una nación donde corran peligro.

Con información de La Jornada

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