Defensores y defensoras de derechos humanos externan a autoridades municipales, estatales y federales su preocupación ante una posible represión en contra de los habitantes del Ejido Tila, ubicado en la región Selva de Chiapas.

En una comunicación dirigida, entre otros funcionarios, a Manuel Velasco, gobernador de Chiapas, Edgar Gutiérrez, presidente interino municipal de Tila, y Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, las y los defensores exponen que ante la declaratoria de autonomía y libre determinación que los habitantes del Ejido realizaron el pasado 16 de diciembre, les preocupa que exista una respuesta represiva o de criminalización por parte del Estado mexicano.

La inquietud de las organizaciones civiles de derechos humanos tiene sustento en el hostigamiento que, según refieren, han experimentado los habitantes de dicho Ejido a raíz de su declaratoria. Situación ante la cual, “El Ejido Tila y sus autoridades comunitarias siguen en estado de alerta”. El acoso provendría de autoridades municipales y de otros actores, al parecer, apoyados por el gobierno local.

“Para las organizaciones firmantes resulta fundamental que se respeten plenamente los derechos, como comunidad indígena y agraria, del ejido de Tila y se garantice el pleno ejercicio de sus derechos sobre su territorio, como fue reconocido legalmente mediante el amparo 259/1982. Por lo que rechazamos cualquier intento de represión hacia integrantes del Ejido”.

“Por ello, esperamos que, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, asegure que no se genere un contexto de represión en el que se dé un abuso en el uso de la fuerza por parte de los elementos de seguridad, tanto federales, estatales, como locales. Y que se escuche, por la vía del entendimiento y la mediación, la exigencia de la comunidad ch’ol de que el Ayuntamiento se abstenga de regresar al territorio en el que ilegalmente ha venido realizando actos de despojo”, manifiestan las personas defensoras en su documento fechado el 22 de febrero de 2016.
Defensoras y defensores recuerdan que desde hace más de 50 años, el Ejido Tila, del pueblo Ch’ol, emprende un legítimo proceso de defensa del territorio, en el cual, los indígenas han logrado la concesión de varios amparos que dan certidumbre jurídica a su territorio. En este sentido, manifiestan: “Reiteramos nuestro apoyo a la exigencia por parte del ejido para que su tierra, territorio y formas de vida sean reconocidas, respetadas y garantizadas por el Estado mexicano.

La Casa del Migrante de Saltillo, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el Frente por la Libertad de expresión y la Protesta Social, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, y Servicios y Asesoría para la Paz, son algunas de las organizaciones firmantes.