Ciudad de México | Desinformémonos. Organizaciones y redes de América y Europa manifestaron su preocupación por «el clima de inseguridad y amenazas» en el Valle de Ocotlán, Oaxaca, por la operación ilegal del proyecto minero Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines.

En un pronunciamiento, las organizaciones reprobaron que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) notificara a la minera la autorización para renovar los permisos ambientales por otros 12 años de explotación comercial, a pesar de las denuncias por los asesinatos de defensores que se oponían a la mina, las obras irregulares, la contaminación del agua y el estrés hídrico en el que se encuentra el acuífero.

«Desde hace 11 años, la empresa minera Cuzcatlán, propiedad de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, está explotando plata y oro sin el permiso social de las comunidades, y ahora la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) está por aprobar una prolongación del permiso ambiental a esta empresa», explicaron las redes.

Criticaron que el permiso ambiental original del proyecto venció el 23 de octubre del 2021, pero que la empresa sigue operando a través de un amparo, lo que permite que continúen las afectaciones ambientales y pone en riesgo la vida de los opositores a la mina.

Ante la ilegalidad de la operación del proyecto y la violencia contra los pobladores que se oponen a la minería, las organizaciones exigieron al Estado garantizar la seguridad de los defensores comunitarios en Oaxaca y velar por los derechos de las comunidades defensoras del agua y de sus territorios.

A continuación el pronunciamiento completo, disponible para firmarse aquí

– Peligran comunidades defensoras de territorio y medio ambiente

– Estado mexicano debe priorizar los derechos sobre los intereses empresariales

Con gran preocupación nos hemos enterado de la situación límite en la cual se encuentran las comunidades campesinas e indígenas del Valle de Ocotlán. Desde hace 11 años, la empresa minera Cuzcatlán, propiedad de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, está explotando plata y oro sin el permiso social de las comunidades, y ahora la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) está por aprobar una prolongación del permiso ambiental a esta empresa.

Un proyecto que nace a partir de la violencia y la impunidad

Recordamos que hace diez años fueron asesinados Bernardo Méndez Vásquez y Bernardo Vásquez Sánchez, ambos ciudadanos de San José del Progreso, sede del proyecto minero. Los dos eran defensores del territorio, el ambiente y la vida, y opositores al proyecto minero Cuzcatlán, propiedad de Fortuna Silver Mines. En varios acontecimientos violentos durante los primeros años de explotación de la minera, fueron heridas gravemente varias personas más.

A partir de esta ola de violencia, la empresa inició un proceso de cooptación y división en San José del Progreso, ciudadanas y ciudadanos de San José denunciaron en diferentes ocasiones la presencia de grupos armados. Ninguna dependencia gubernamental hizo caso, los asesinatos de los defensores continúan en la impunidad y el tejido social comunitario se fracturó.

Contaminación y no reparación

En 2018 se desbordó la presa de jales de este proyecto minero en dos ocasiones, provocando que los residuos contaminantes se derramaran en el cauce del río El Coyote. Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, San Matías Chilazoa y San Pedro Apóstol presentaron sus denuncias respectivas ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), ya que la contaminación ponía en riesgo los pozos de agua potable y el acuífero de la región.

Las autoridades ambientales por su parte visitaron el proyecto minero, sin recurrir en ningún momento ante las comunidades afectadas. En el río El Coyote no existió ningún proceso de reparación o remediación, tres años después, aún existen residuos contaminantes en el río. Para las comunidades afectadas tampoco hubo reparación del daño.

La situación del agua es un tema preocupante para las comunidades, en los últimos tres años ha existido una disminución alarmante de los pozos, principalmente los que son utilizados para agua potable, en el caso de Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, El Vergel, San Martín de los Cansecos y San Matías Chilazoa se han quedado sin agua.

Construcción al amparo de toda legalidad

Además, la empresa minera construyó en estos años 75 obras de manera irregular, desacatando la manifestación de impacto ambiental original, por lo que presentó en 2019 y 2020, los permisos ambientales “San José II”, ambos negados por la SEMARNAT por no contemplar los impactos acumulativos, sinérgicos y residuales de las obras y por haber violentado el derecho a un medio ambiente sano de las comunidades.

Para 2021, la empresa solicitó nuevamente ante la SEMARNAT un “nuevo” permiso ambiental, esta vez denominado “actualización de obras y actividades”, en este periodo, la empresa también solicitó la ampliación de la manifestación de impacto ambiental original.

Consultas indígenas: autoridades federales ausentes

Las comunidades exigieron a la dependencia respetar su derecho a la libre determinación, al territorio y a un medio ambiente sano, por lo que en dos ocasiones se reunieron con María Luisa Albores, titular de la SEMARNAT, la cual se comprometió a participar en un proceso de consulta organizado por y desde las comunidades.

Las consultas se realizaron los días 10 y 11 de diciembre de 2021, en estas actividades, las autoridades locales entregaron seis mil firmas contra el proyecto minero, diez actas de territorio prohibido para la minería y dos declaratorias regionales. La SEMARNAT nunca se presentó, incumpliendo los acuerdos construidos previamente.

Autorización ambiental en disputa

En pleno proceso de diálogo con las comunidades afectadas, el 14 de diciembre de 2021, la SEMARNAT notificó a la empresa minera la autorización de los permisos ambientales por otros 12 años de explotación comercial.

En su resolutivo, la dependencia no hizo mención de los asesinatos, las obras irregulares, la contaminación del agua, ni el estrés hídrico en el que se encuentra el acuífero. Para las comunidades organizadas en el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, dicha aprobación representa una traición.

“Es indignante que la política ambiental siga siendo desventajosa para los pueblos y comunidades”, afirman las comunidades, que advierten que los daños sociales y ambientales de la empresa minera afectan a 25,000 personas en la región de Ocotlan-Ejutla-Tlacolula.

Cabe mencionar que el permiso ambiental original del proyecto minero Cuzcatlán venció el 23 de octubre del 2021. La empresa sigue operando a través de un amparo, aunque sus prestamistas pusieron como fecha límite para aclarar esta situación el 18 de febrero de 2022.

El 4 de febrero de 2022, la empresa minera Fortuna Silver Mines comunicó públicamente que recibió una notificación de la SEMARNAT donde la dependencia establece que cometió un error tipográfico, no son 12 años autorizados, sino únicamente dos. La empresa se ampara contra esta rectificación, y la SEMARNAT sigue sin publicar en su gaceta oficial la decisión final sobre el permiso ambiental.

Ante esta situación:

• Expresamos nuestra profunda preocupación por el clima de inseguridad y amenazas que pone en riesgo la vida de las personas defensoras y urgimos a las autoridades mexicanas que garanticen su integridad física y psicológica.
• Exigimos al Estado mexicano velar por los derechos de las comunidades defensoras del agua y de sus territorios.
• Recordamos que, entre otros compromisos internacionales, en 2021, México firmó el Acuerdo de Escazú, que obliga al país a impulsar la protección de los defensores de ambiente y territorio.
• Estaremos muy pendientes de las articulaciones de las comunidades de Oaxaca en su legítima defensa contra este proyecto minero en las próximas semanas.

Primeros firmantes de este pronunciamiento: 16 organizaciones y redes de Las Américas y Europa

Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios – México

American Jewish World Service AJWS – Estados Unidos

Asociación Sostenibilidad, Equidad y Derechos Ambientales ENDA – Colombia

Blue Planet Project – Canadá

Consejo de Pueblos de Occidente CPO – Guatemala

Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México – Alemania

Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado FENTAP – Perú

Mining Injustice Solidarity Network (MISN) – Canadá

MiningWatch – Canadá

Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia de Múnich – Alemania

Observatorio de Multinacionales en América Latina OMAL – España

Oxfam México – México

Plataforma de Acuerdos Público Comunitarios de las Américas, PAPC – Las Américas

Red Alforja – Mesoamérica

Red Vigilancia Interamericana para la Defensa y Derecho al Agua, REDVIDA – Las Américas

SOLIFONDS – Suiza

Firmas de organizaciones y personas: