La larga lucha de las mujeres víctimas de esterilización forzada obtuvo un gran triunfo cuando el Poder Judicial ordenó recientemente al Poder Judicial implementar una política de reparación integral.
El caso se refiere a más de 314 mil mujeres que fueron esterilizadas entre 1996 y 2000 por el régimen de Alberto Fujimori que implementó el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, para combatir la pobreza.
La decisión la adoptó el Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional en atención a una demanda de amparo presentada el 14 de abril de 2021 por Inés Condori Anaya, María Mogollón, Félix Rojas, Horacio Pacori, Raquel Reynoso y Romy García.
Yudith Conto, abogada de la organización Derechos Humanos Sin Fronteras, explicó que la Procuraduría del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos puede apelar la orden judicial.
Por ello, esperan reunirse durante los próximos días para llegar a un acuerdo y se garantice la reparación.
Reparaciones
La resolución judicial dispone que se emita una resolución ministerial que reconozca «el derecho constitucional a la reparación integral a las víctimas de esterilización forzada» de las personas agrupadas en la Ampaef y que se encuentran inscritas en el Registro Único de Víctimas de Esterilización Forzada (Reviesfo).
Asimismo, se ordena a la cartera de Justicia que se implemente una política de reparaciones para las mujeres víctimas de esterilización forzada que cumplen con los requisitos antes mencionados.
El Reviesfo está compuesto por cerca de 8.000 víctimas, lo que corresponde solo a una pequeña fracción de los 320.000 afectados, entre mujeres y una minoría de hombres, que calcula la Ampaef.
Este caso es considerado una de las más escandalosas muestras de violencia contra la comunidad nativa y pobre del país. Las mujeres que fueron sometidas al procedimiento llevan más de 25 años esperando una sentencia y una petición de perdón.
Entre las modalidades de reparación se encuentra el apoyo educativo a víctimas y familiares, la creación de programas de reparaciones simbólicas, de restitución de derechos ciudadanos, de reparaciones económicas y de reparaciones colectivas.
No todas las víctimas se beneficiarían
Con la decisión del Poder Judicial, solo accederían a la reparación las víctimas registradas en el REVIESFO, lo que genera un problema, pues el total de registradas no representa el número real de perjudicadas.
Por ejemplo, en Huancavelica2.000 víctimas iniciaron el proceso para registrarse, pero solo 70 lograron culminarlo. En Ayacucho, el panorama es similar.
Estas personas no pudieron registrarse porque el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no les informó cómo hacerlo. También porque no adjuntaron pruebas o testigos para comprobar que fueron víctimas. El estigma y el temor a revelar lo que sufrieron son otras causas.
Cabe resaltar que aún siguen en curso varios procesos penales que buscan sanción penal para los denunciados como responsables de las esterilizaciones forzadas.
Entre ellos se encuentran Alberto Fujimori y sus exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga Recuenco.
Publicado originalmente en Servindi
