Dirigentes de Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán denunciaron que el gobernador de Morelos, Graco Ramírez; el presidente municipal, Francisco Navarrete Conde, y la Procuraduría General de la República (PGR) han criminalizado nuestro movimiento por oponernos a la ampliación de la autopista México-Cuernavaca, porque nos han despojado de nuestras tierras comunales. La empresa Tradeco, apoyada por el gobierno estatal, invadió nuestras propiedades y ahora quieren firmar un convenio de ocupación. ¿Para qué, si ya nos invadieron y nos despojaron en un acto ilegal?

En conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la maestra Osbelia Quiroz denunció: La situación en Tepoztlán es preocupante. Qué lastima que Morelos sea gobernado por un tirano. El pueblo le dio el voto a Graco Ramírez y nos está traicionando. Ha provocado pleitos entre familias, porque hay unas familias muy dignas que no han aceptado dádivas del gobierno estatal y otras han aceptado la compra de conciencias por despensas y sarapes.

También, acusó Quiroz, el alcalde Navarrete nos está traicionando. Graco dijo que se iba a hacer otra consulta, pero nos descalifica: dice que somos unos cuantos, que somos 20. Eso no es cierto. El gobierno estatal y el presidente municipal están manipulando a la población.

Esteban Martínez, quien realizó una huelga de hambre de cuatro días, dijo que la ampliación de la autopista afecta a 12 mil 702 especies de árboles y demás flora y a mil 664 especies de fauna. Ni siquiera respetaron las medidas mínimas de impacto ambiental; aunque eran ridículas, no las respetaron.

Dieron a conocer que han solicitado la intervención de relatores de la Organización de Naciones Unidas, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la Federación Internacional de los Derechos Humanos, de la delegación de la Comunidad Europea y de Amnistía Internacional.

En un pronunciamiento que leyeron manifestaron su preocupación por las 50 órdenes de aprehensión contra integrantes de ese frente y sostuvieron que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no podrá probar que es dueña o tiene permisos para ampliar la autopista. Invadieron y nos despojaron de áreas comunales.