Desinformémonos| Ciudad de México. 22/07/2016.- Jan Jarab, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), calificó de “preocupante” la situación de país en el tema de tortura y la desaparición de personas, cuyas conductas son “ampliamente repudiadas a nivel internacional” por lo que diversas instancias se han manifestado al respecto dijo al inaugurar hoy el “Foro sobre Tortura y Desaparición Forzada y cometida por particulares en México”.
Según cifras señaladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en México hay 26 mil 798 casos de personas no localizadas y en muchos de esos casos se trata de una desaparición forzada, con intervención de los agentes del Estado. Por su parte, el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Tortura y Tratos Crueles, Juan Méndez, afirmó que más de cuatro mil casos han sido presentados en la Procuraduría General de la República (PGR) y más de un centenar de expedientes sobre el tema se han acumulado en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en los últimos años.
Por lo anterior, Jarab recordó e insistió, esta mañana, en que el Estado mexicano adopte las recomendaciones hechas por distintas instancias nacionales e internacionales para abatir y erradicar estas violaciones a los Derechos Humanos como: reconocer la dimensión de ambas problemáticas, como paso necesario para su erradicación y solución, desarrollar políticas de prevención, investigar diligentemente la tortura y desaparición de personas a efecto de poner fin a la impunidad, garantizar el acceso efectivo a la justicia, adoptar todas las medidas necesarias para lograr una búsqueda efectiva que permita encontrar a las personas desaparecidas, brindar apoyo y protección a las familias y a las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Sobre la perspectiva de género necesaria en la atención señalo la necesidad de adoptar enfoques diferenciados que permitan proteger de manera especializada a las víctimas (adoptado un enfoque de género, garantizando el interés superior del niño y la niña, protegiendo a grupos especialmente vulnerables como las personas con discapacidad, reconociendo la dignidad de las personas de la diversidad sexual y las necesidades particulares que enfrentan las personas migrantes, por ejemplo), contar con registros efectivos de detención.
Finalmente dijo, regular el uso de la fuerza de conformidad con los más altos estándares internacionales, profesionalizar e independizar los servicios periciales y forenses, reparar de manera integral y adecuada a las víctimas.
Este claro diagnóstico, dijo, sólo se explica gracias a la apertura del Estado mexicano al escrutinio internacional, así como al vigor de la sociedad civil y a víctimas valientes y decididas que han remontado el miedo, roto el silencio y demandado verdad, justicia y reparación por lo que reconoció los aportes hechos por la sociedad civil que defiende los derechos humanos en México entre los que señala, la documentación de casos, el acompañamiento a víctimas, la potenciación de un contexto de exigencia, la formulación de propuestas transformativas, la creación de espacios y narrativas en favor de la memoria y en contra del olvido, la rendición de cuentas y el impulso de una conciencia pública.
