Ciudad de México | Desinformémonos. La omisión de la Procuraduría General de la República (PGR) en concluir el informe sobre el caso Ayotzinapa, que demuestra las faltas cometidas por las instituciones encargadas de llevar a cabo la investigación, notificarlo a los familiares y sancionar a los funcionarios responsables, pone en evidencia un afán de encubrir tanto las irregularidades como sus consecuencias legales, además de que obstaculiza el acceso para llegar a la verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas, coincidieron organizaciones de derechos humanos.
Recientes revelaciones periodísticas dieron cuenta de la existencia de un proyecto de resolución de la Visitaduría General de la PGR que documentó “graves” irregularidades que comprometerían la legalidad y la certeza de la investigación del caso Ayotzinapa, además del derecho a la verdad de las víctimas. Hasta ahora el proyecto de Resolución ha sido retenido y obstaculizado, señalaron las organizaciones.
Con 177 páginas, el informe completo es una investigación interna a la investigación oficial que hizo la PGR, y concluye que la conducta de sus investigadores violó “el derecho a la verdad” de las víctimas y dañó su derecho a la justicia. Entre las irregularidades, destaca que algunos sospechosos fueron detenidos y trasladados ilegalmente, lo que invalidó las pruebas que pudieron proveer de acuerdo a la legislación mexicana.
Entre otras faltas, ambién se revela que la detención de seis sospechosos en diferentes ubicaciones el 26 de septiembre proporcionaron la misma versión y con las mismas palabras de los hechos, en la que admitieron ser miembros del cartel Guerreros Unidos y haber asesinado a los estudiantes.
De acuerdo con las organizaciones, la PGR no negó la existencia del documento y sólo señaló que estaba bajo análisis.
“Hay que recordar, sin embargo, que dado que la PGR incumplió su compromiso de entregar los resultados de esta investigación interna el 18 de agosto de este año a las familias, se vieron obligadas a levantarse de la mesa de diálogo”, agregaron.
Por otro lado, recordaron que uno de los funcionarios señalados como responsable de las irregularidades fue separado de la PGR para inmediatamente ser nombrado en un alto cargo federal de seguridad nacional dependiente del presidente de la República.
De acuerdo con el diario estadounidense The New York Times, que fue el primer medio en publicar sobre el informe, éste no pasó el trámite de la aprobación de la PGR a causa de las irregularidades que documenta y sigue “bajo estudio” en un “limbo burocrático”. Su autor, César Alejandro Chávez Flores, dejó repentinamente su puesto en el organismo cuatro semanas después de concluir el documento.
Según la PGR, los estudiantes fueron detenidos por policías corruptos, entregados al cartel Guerreros Unidos, asesinados e incinerados en un basurero cercano.
Ante esto, las organizaciones, entre las que figuran Article 19, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, exigieron que la PGR concluya con transparencia y exhaustividad la investigación interna sobre el caso Ayotzinapa.
