El pueblo chileno ya no resiste más uno de los experimentos neoliberales más crudos del continente. El estallido social se desencadenó por la suba del transporte público pero denuncia la precarización de la vida toda, el costo de los alimentos y servicios públicos, la privatización de la educación, las magras pensiones, etc. Pese a las declaraciones de estado de emergencia y toque de queda, hubo manifestaciones y cacerolazos durante todo el fin de semana. La represión brutal encomendada por el gobierno de Piñera ya causó, según sus propias cifras, siete muertos. Además, los manifestantes detenidos son más de 1.500. Ante este panorama, las organizaciones sociales han llamado a una huelga general para este lunes 21. Esta nota repasa los principales acontecimientos del fin de semana, del rebelde octubre chileno.

Desde el sábado 19 de octubre, una serie de manifestaciones con cacerolas se registran en gran parte de las comunas de Santiago, incluso en diversas comunas del barrio alto (históricamente de derecha) se han escuchado las ollas repicar. Se han sumado diversas ciudades y regiones de Chile a las manifestaciones.

Los trabajadores portuarios marchan en las ciudades de San Antonio e Iquique y diversas organizaciones sindicales y sociales están con reuniones de emergencia. La huelga nacional es tema de urgencia en diversas organizaciones chilenas. Así se vivió el sábado, primer día del Estado de Emergencia del gobierno de derecha comandado por Sebastián Piñera, que sacó los militares a la calle esta madrugada, debido a la imposibilidad política de enfrentar una serie de revueltas populares por el alza del transporte público. Las ollas de la zona centro del país no dejan de sonar, duran varias horas,  se suman otras provincias mientras realizo este escrito.

La derecha está dividida, algunos exigen más militares, otros llaman a la tranquilidad y a que se “escuche a la ciudadanía”. Y la oposición no está dispuesta al diálogo mientras sigan los militares en las calles. Y es que ese vacío simbólico que resuena en las ollas de Chile, es la imposibilidad de continuar con este momento del capitalismo voraz que ese país arrastra desde los años ochenta.

La violencia estructural desatada por el sistema económico chileno hartó a los sectores mas desfavorecidos. Esta sociedad ya no resiste más a uno de los experimentos neoliberales más crudos del continente. Estas revueltas son el reflejo de un saqueo iniciado por la dictadura y profundizado por los gobiernos democráticos (sic) de los últimos años.

Las manifestaciones comenzaron luego del anuncio del alza del transporte público a comienzos de octubre. Una vez más fueron las y los estudiantes chilenos quienes iniciaron una serie de acciones; llamaban a evadir el pago del transporte público, en particular del metro de Santiago. Cabe recordar que el costo del transporte en esta ciudad es de cerca de U$D 1.20. Eso multiplicado por dos (ida y vuelta del trabajo) equivale a 1/6 del sueldo mínimo mensual.

El viernes 18 de octubre, las manifestaciones fueron creciendo desde la tarde. Por la evasión masiva al sistema publico de transporte se sumaron las barricadas, los cacerolazos, la toma de calles y los incendios a estaciones del metro. Este transporte suspendió sus actividades en algunas líneas, luego en todo el servicio, para finalmente anunciar que no transitará durante todo el fin de semana. A la medianoche del viernes todas las líneas de metro (seis) tenían estaciones quemadas.

En esta hoguera popular se sumaron la quema de algunas sucursales de bancos, de buses del transporte público y del edificio de ENDESA, ENEL, la transnacional española que administra la electricidad en Chile. Después de medianoche Piñera declaró el Estado de Emergencia y los militares de regiones aledañas a la capital comenzaron a arribar a Santiago. Pero a pesar de la presencia militar y policial, de los disparos al aire que ya lanza la milicia que hace 40 años protagonizó el golpe de estado, la revuelta popular no cesa. Es impresionante como el descontento popular dio paso a una rabia acumulada y galopante que tiene paralizada a la capital de ese país.

El sábado del clamor de las ollas se pasó a las barricadas nuevamente. A la quema de buses del sistema de transporte público, se suma la destrucción de casetas de cobro de peajes, el saqueo a grandes supermercados y el cierre de plazas comerciales. Se suspendió todo el flujo de transporte público.

Con todo, las autoridades insisten en no ver lo que desde el 2006, el 2011 y el 2018 se ha planteado en mega movilizaciones. El sistema socio económico está ahorcando y acabando con la vida de los sectores de menores ingresos. Los gobiernos insisten en culpabilizar a grupos violentos de manifestantes y libran de responsabilidad a los empresarios (con grandes perdonazos fiscales) y a partidos políticos que han saqueado sistemáticamente los recursos naturales, al Estado, a los servicios básicos con los que esa sociedad no cuenta hace muchos años.

Las movilizaciones estudiantiles de la década pasada nos mostraban el descriterio empresarial y lucrativo que se ha hecho en las instituciones educacionales chilenas. Partidos políticos, con la presencia de figuras como la hija del primer presidente de la transición, han ampliado sus capitales gracias a grades consorcios educacionales. Empresas farmacéuticas se han coludido para subir en bloque los precios de medicamentos básicos y de urgencia. Hace muchos años que en las filas del supermercado se ve cómo las familias chilenas de sectores populares pagan sus alimentos y artículos de consumo mensuales con cuotas a través de tarjetas de crédito.

Las/los abuelos de los manifestantes que iniciaron estas revueltas populares reciben como pensión por jubilación un tercio del sueldo mínimo. El sistema de pensiones, privatizado desde los años ochenta por el hermano del actual presidente, devino en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que han generado multimillonarias ganancias para los empresarios, cuyas pérdidas asumen las y los trabajadores. Instituciones militares y policiales, orgullo para muchos gobernantes por su incorruptibilidad, han sido testigos de millonarios fraudes y robos de recursos estatales.

La crisis social era inminente y los gobiernos de turno han apagado incendios con gasolina. Con los militares en las calles las manifestaciones se han agudizado, la quema de buses, las barricadas y el cese del transporte público marcaron el fin de semana, mientras los sectores populares en los barrios pobres se preparan para un eminente toque de queda. En ciudades de otras regiones del país se alzan también contra la militarización del conflicto.

En cuanto a la violencia es estructural en Chile, la sociedad chilena llegó al límite de la tolerancia ante las situaciones de injusticia vividas en las últimas décadas. Se ha perdido el miedo y la crisis con las instituciones estalló en la cara del gobierno. Dos tanquetas militares resguardan el Palacio de La Moneda y los militares están preparados para la guerra, no para resolver conflictos y revueltas ciudadanas.

Publicada originalmente en Regeneración.