Foto: Gerardo Magallón / Desinformémonos
Hoy hace nueve años, un grupo de 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa fueron retenidos y desaparecidos y otros tres fueron asesinados por grupos criminales en el municipio de Iguala. La masacre se dio mientras los jóvenes organizaban la conmemoración de otra masacre a estudiantes, la de Tlatelolco en 1968, que dejó entre 300 y 400 personas fallecidas y más de 1000 heridas. El periodista del periódico El Sur Alejandro Guerrero, original de Iguala, estuvo en el lugar de los hechos, los denunció y un tiempo después vivió un intento de homicidio por ser testigo de los hechos y por el desarrollo de su actividad periodística. Desde Barcelona, acogido con el programa Barcelona Protege a Periodistas de México, nos habla de impunidad, de complicidad entre grupos criminales y Estado, de decepción con las promesas del presidente Manuel López Obrador y de desgaste de la lucha permanente de los familiares de los jóvenes desaparecidos hasta la fecha.
Todos corrimos, para salvaguardarnos, nos perdimos de otros compañeros periodistas, nos escondimos con mi hermano y dos maestros entre unos coches porque la balacera seguía
¿Qué ocurrió el 26 de septiembre de 2014?
Aquel día a las 18h conocimos por mensajes de texto que estaban llegando estudiantes normalistas en Iguala a buscar autobuses para utilizar durante la movilización que organizaban de cara al siguiente 2 de octubre, era una práctica habitual de los estudiantes. A las 21:30h supimos que había habido un primer ataque a bala. Me desplacé al sitio, había más de 100 jóvenes, de diferentes Escuelas Normales, había activistas, maestros, sindicalistas del mundo de la educación que habían llegado a apoyar después del ataque que había dejado algunos heridos y 25 detenidos. Recolecté testigos, tomé fotos, entrevistas, y sobre las 00:30h acudí a la rueda de prensa que habían convocado los estudiantes. Fue cuando terminó la conferencia que se dio el segundo ataque, dispararon de forma directa al grueso de gente que estábamos allí, con armas largas, ráfagas. Dispararon a matar.
Tú estabas allí. ¿Qué hiciste?
Todos corrimos, para salvaguardarnos, nos perdimos de otros compañeros periodistas, nos escondimos con mi hermano y dos maestros entre unos coches porque la balacera seguía. Cuando vimos que los agresores habían adelantado, salimos y fuimos a buscar a la pareja de mi hermano que no tenía preocupados porque estaba de siete meses de embarazo y nos esperaba en su coche. Y efectivamente su coche había recibido varios impactos de bala y ella estaba en estado de shock. Luego fue que vi a los dos jóvenes asesinados, uno junto al otro, Julio Cesar Ramírez y Daniel Solís, muertos a pocos metros de donde estaban haciendo la rueda de prensa, la clara evidencia de que dispararon a matar. Y lo que siempre hemos reclamado es que en ningún momento vino ninguna autoridad, ni fiscalía, ni Ministerio Público, ni policía, nunca se hizo resguardo del lugar de los hechos como suele ocurrir. Había una escena del crimen, había decenas de casquillos de bala, pero nunca hubo revisión alguna del espacio. Quizá la orden era dejar que ocurriera algo peor. Y esto habla del nivel de impunidad que había en ese momento, del control que tenía Guerreros Unidos, el grupo que operaba en Iguala en ese momento.
¿Y en qué momento se dieron cuenta de que faltaban 43 estudiantes?
Al día siguiente. Se creó una brigada de padres y madres de estudiantes normalistas, yo les acompañé. La primera lista que hicieron hablaba de 53 jóvenes desaparecidos, y fuimos al cuartel militar, hubo recorridos de búsqueda por parte de los padres, pero las autoridades fueron muy apáticas. Muchos jóvenes, la madrugada de los hechos, se habían escondido en diferentes casas solidarias, y a medida que pasaron los días empezaron a salir, a aparecer y comunicarse con sus familias. Finalmente, en la lista quedaron 43 jóvenes desaparecidos. Más los dos fallecidos y otro joven que el día después apareció asesinado con signos de tortura. Y aparte de este caso, hubo otros, esa misma noche sitiaron toda la ciudad, hubo ataques a otros autobuses de jóvenes, murieron seis personas más.
Hoy, con la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que se creó al inicio de la presidencia de López Obrador, se ha llegado a la conclusión de que fue un crimen de Estado, pero antes ha habido varias versiones, entre ellas “la verdad histórica”, que después fue anulada: ¿en ese momento qué pensásteis?, ¿cuál era el objetivo de aquel ataque?
Una versión decía que la brutalidad del ataque respondía a que los jóvenes habían cogido un bus con cargamento de drogas por equivocación y que Guerreros Unidos quería recuperarlo. Como hipótesis, podíamos imaginarlo, de hecho, existe una ruta de tráfico de drogas de Iguala a Chicago, pero hubiera sido mucha casualidad. Otra versión era que la Escuela Normal de Ayotzinapa estaba infiltrada por otro grupo criminal, Los Rojos, banda rival que quería disputar el territorio. Una tercera versión decía que los normalistas iban a boicotear el informe de la mujer del alcalde, que estaba en campaña electoral municipal, una persona que tiene familiares, los Beltran Leyva, en la cárcel por formar parte de células del Cártel de Sinaloa . Yo poco me las creo estas versiones. Yo pienso, particularmente, que el ataque a los normalistas es una muestra clara del nivel de impunidad que había en Iguala y el estado de Guerrero y también de la complicidad entre autoridades civiles, militares y policíacas con el crimen organizado, y a fecha de hoy esto se ha demostrado con las investigaciones de la fiscalía y el grupo interdisciplinar. Ya había habido casos similares de masacres y desapariciones en total impunidad, hacían lo que querían.
El ataque es una muestra del nivel de impunidad que había en Iguala y el estado de Guerrero y de la complicidad entre autoridades civiles, militares y policíacas con el crimen organizado
¿El hecho de que desaparecieran precisamente a 43 jóvenes de una escuela que tiene una tradición de lucha política y social se trata de una especie de escarmiento? ¿Crees que había un mensaje hacia la organización social?
Sí, definitivamente. Los propios padres y estudiantes han denunciado que desde hace bastantes gobiernos hay un interés por hacer desaparecer esta escuela por su ideología. Es una escuela que data de la época de guerrillas rurales revolucionarias, con maestros rurales que ofrecen una formación política socialista.
Por este mismo hecho, los propios padres y madres de los 43 jóvenes, que también tienen un posicionamiento político, se organizan y crean la campaña internacional “Vivos se los llevaron y vivos los queremos” que tuvo mucho impacto social y mediático. ¿Cómo están hoy esos padres y sobre todo madres organizadas?
Están desgastadas. Hemos charlado hace poco y comentaban que al menos tres padres han muerto en el transcurso de estos nueve años por enfermedades que se han agudizado con esta lucha. Es de destacar la fuerza de las madres que siguen luchando: finalmente creo que el caso ha superado al gobierno, han obtenido mucho apoyo en todo el país y más allá.
A AMLO le queda menos de un año al gobierno y todavía no se sabe lo que pasó. Mediáticamente sirvió que se reconociera como un crimen de Estado, pero a nivel de hechos, la situación sigue igual.
La llegada de López Obrador (AMLO) fue leída con esperanza por parte de este colectivo. Ahora que está a punto de terminar su mandato, ¿qué balance hacen?
Había gigantesca expectativa porque AMLO prometió durante campaña dar verdad al caso. Incluso nosotros, periodistas, teníamos una gran expectativa de saber qué ocurrió porque tendrían acceso a toda la información desde dentro. Pero le queda menos de un año al gobierno y todavía no se sabe lo que pasó. Mediáticamente sirvió que se reconociera como un crimen de Estado, pero a nivel de hechos, la situación sigue igual.
Se ha detenido a varias personas, policías, miembros de estos grupos del crimen organizado, pero ¿cuál es la situación del caso a nivel jurídico nueve años después?
Nueve años después no hay sentencias, sólo tenemos decenas de detenidos, políticos, policías municipales, estatales, federales, altos cargos militares, ex funcionarios de la fiscalía general de la república. Pero van a impugnación tras impugnación y, acogiéndose al derecho a no declarar, han evitado dar testimonio real sobre el caso Ayotzinapa. Y, si declaran, dan información ambigua o confusa, han tenido mucho tiempo para crear diferentes versiones y ninguna ha llevado a conocer la verdad. A nueve años de Ayotzinapa no hay verdad ni justicia. Es una incógnita total dónde están los 43 normalistas. En parte estamos igual que hace nueve años. Cada vez que se acerca un cumpleaños, como ahora, el presidente anuncia que revelará nueva información para tranquilizar a los padres y madres, pero después no lo acaba haciendo. Estos días ha habido protestas de padres, madres y estudiantes que han acabado siendo reprimidas con gas lacrimógeno por el ejército. Para calmar los ánimos AMLO anuncia reuniones y novedades, pero acaba quedando en nada.
La cobertura y el seguimiento periodísticos que has hecho de este caso ha supuesto poner en peligro tu vida.
Sí. Fue prácticamente inmediato. Desde que ocurrió esto hubo una especie de eliminación de testigos. El mismo gobierno hizo una lista -publicada por el grupo de expertos de investigación años después- de testigos que el mismo grupo criminal borró, mató. Había excomandantes de la policía, miembros del grupo criminal e incluso un periodista que fue asesinado, personas que eran clave para esclarecer los hechos. En el 2017 yo sufrí un atentado: iba en moto cuando un coche me embistió en un parking que era propiedad del entonces alcalde municipal. Yo quedé inconsciente con heridas serias, fracturas, estuve hospitalizado. Poco después mi hermano fue interceptado por un grupo armado, lo subieron a una furgoneta, le pusieron una capucha y lo llevaron a un cerro donde le interrogaron sobre personas que habían estado esa noche en el lugar de los hechos, lo golpearon y lo amenazaron con enterrarle en una fosa, pero afortunadamente después lo dejaron libre. A partir de ahí fuimos incorporados al Mecanismo de Protección a Periodistas, nos desplazamos a otra zona del país pero no dejamos de recibir amenazas vía WhatsApp y Messenger.
¿Crees que le amenaza quien no quiere que salga la verdad del caso Ayotzinapa?
Sabemos que tiene mucho que ver con la cobertura de Ayotzinapa pero también con otros casos, porque yo tengo registro, a partir de 2014, de más de 300 cuerpos que han sido extraídos de fosas clandestinas de Iguala y municipios cercanos. Antes de venir a Barcelona se habían identificado 158 y ninguno de ellos son los estudiantes. La tragedia de Ayotzinapa evidenció lo que estaba pasando: hay más de 500 víctimas de desaparición entre 2010 y 2014 en nuestra zona. Y de alguna manera también ayudó a las familias de desaparecidos a tragarse el miedo, denunciar y salir a buscar. Y siguen buscando en todo el país. Pero existe una constante de falta de verdad y justicia en México.
Para terminar, desde tu experiencia, ¿cómo crees que sería posible salir de esta situación de violencia estructural perpetuada en varios países de América Latina que tampoco con gobiernos progresistas se consigue revertir?
Renacer (ríe). En México están tan arraigadas las malas prácticas de corrupción, que afectan a toda la sociedad, que lo que pienso es que sólo las nuevas generaciones podrán realizar algún cambio. Necesitamos un cambio de chip para ser mejores en muchas cosas, moralmente. Con la sociedad actual no se puede porque muchos jóvenes a lo que aspiran es a ser sicarios, a obtener dinero fácil, prefieren entrar a grupos armados que ser maestros. Teníamos expectativas de mejora de la seguridad con este gobierno, pero las cifras dicen todo lo contrario, el número de muertes se está comparando con el de Felipe Calderón en la época de la guerra contra el narco. Existe una disputa muy fuerte por el territorio entre grupos criminales. La política “abrazos y no balazos” del presidente no está funcionando.
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