Ciudad de México | Desinformémonos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aseguró que no se puede suspender la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia para el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, tal como decretó el magistrado federal de Reynosa, Tamaulipas, Sabino Pérez García, el pasado 4 de julio.

El ministro presidente del máximo tribunal del país, Luis María Aguilar Morales, señaló que la SCJN no cuenta con la competencia para conocer de las quejas y dio un plazo de tres días para que la Procuraduría General de la República (PGR) y la presidencia de la República manifiesten ante el tercer tribunal unitario del décimo noveno circuito, con residencia en Matamoros, Tamaulipas, “si considera que existe una imposibilidad jurídica para dar cumplimiento al respectivo fallo protector”.

De esa forma, el tribunal unitario contaría con elementos para ordenar la apertura del incidente de inejecución de sentencia respectivo para, una vez abierto, dar a conocer a la SCJN para que valore la posibilidad de solicitar su atracción.

La decisión de Pérez García para suspender el fallo se basó en las declaraciones la PGR y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quienes “arguyeron imposibilidad jurídica para cumplir con el fallo protector en lo que les atañe (integrar la comisión de investigación), una al promover el incidente respectivo y la otra al desahogar la vista concedida con motivo de este incidente”.

Con la sentencia emitida a principios de junio, se ordenaba a la PGR, cuya investigación “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial”, reponer el procedimiento del caso de los 43 normalistas desaparecidos, así como conformar una Comisión de la Verdad y Justicia.

El fallo señaló que la investigación oficial “estuvo dirigida a practicar y poner sólo énfasis en aquellas pruebas que pudieran apoyar una versión de los hechos que narraron varios detenidos en sus declaraciones autoincriminatorias, acorde a la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula y el depósito de sus restos en el río San Juan”, por lo que “se dejaron de explorar otras líneas de investigación”.

Sin embargo, el 4 de julio pasado la sentencia fue suspendida por tiempo indefinido por orden del magistrado federal de Reynosa, Tamaulipas, Sabino Pérez García, luego de que la PGR y la CNDH se declararon con “imposibilidad jurídica” para cumplir el fallo.