Los pueblos y organizaciones de vecinos del estado de México, comenzaron una campaña para derribar la recientemente sancionada ley que regula el uso de la fuerza pública en la entidad y que, entre otras cosas, habilita a las fuerzas de seguridad a usar munición real en la represión de manifestaciones. La coordinación ciudadana fue bautizada «Fuego de la Digna Resistencia.»

“Lo que está en riesgo es la resistencia popular frente a los megaproyectos, está en juego la defensa de los recursos naturales y el territorio, por eso vamos a tirar esta ley”, insistieron los distintos grupos que desde este lunes, anunciaron su coordinación para hacer frente a una la que catalogaron como una de las leyes más represivas que se han sancionado en el estado de México.

Además de permitir a la policía el uso de armas de fuego contra la población desarmada, habilita el uso de dispositivos que dan descargas eléctricas, inmovilizadores o candados de mano, así como sustancias irritantes en aerosol. A la vez que deja a criterio de la fuerza represiva actuante en qué momento debe desplegarse este nuevo «régimen de excepción”. Es así que los mandos castrenses a cargo de los operativos puntuales serán los últimos responsables de la violencia desplegada, dejando en la comodidad de las sombras a cualquier representante del poder político. La ley Atenco quita la responsabilidad a los políticos por las represiones en el territorio.

Prontamente bautizada por la prensa como “Ley Atenco”, la iniciativa generó un masivo rechazo en los pueblos y la población organizada de esa entidad. “Con los recursos legales, políticos y sociales, de movilización que tenemos a mano estamos comenzando una campaña.” Pero una de las primeras cosas que rechazaron fue, precisamente, la referencia: “No estamos de acuerdo en llamarla Ley Atenco, porque no es justo que identifiquen a nuestro lugar con una ley asesina. Nosotros la llamamos Ley Eruviel – por el gobernador actual y promotor de la misma, Eruviel Ávila Villegas – para que quede claro de dónde vino.”

A partir de Abril, comenzarán las actividades del «Fuego de la Digna Resistencia» con actividades de denuncia en plazas y pueblos del EdoMex, así como con visitas a pueblos y organizaciones “hermanos” con los que articularán acciones y movilizaciones concretas.

En conferencia de prensa anunciaron que también recurrirán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya que la Constitución mexicana prevé que sea esta institución la que promueva la inconstitucionalidad de la norma (es decir, que el contenido de la ley Atenco va contra lo que la Constitución establece) y que por tanto, deba ser revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto fue lo que ocurrió, señala Miguel Moguel, -coordinador del área de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Análisis, Fundar, que se sumó a los pueblos en la resistencia a la ley represiva – con los delitos de “ataques a la paz pública” y “ultrajes a la autoridad” que durante marzo fueron declarados inconstitucionales por el órgano máximo del poder judicial. Advirtió también que dada la gravedad de lo que la ley habilita, los mecanismos internacionales del sistema de las Naciones Unidas, así como de la Corte Interamericana ya están trabajando en relación al tema.

La Ley Atenco fue sancionada a poco menos de un mes de cumplirse 10 años de la feroz represión estatal desatada en San Salvador Atenco, en el año 2006, en la que más de 200 personas fueron encarceladas, hubo presos y extranjeros deportados, en un intento por minar la resistencia popular a la construcción en esas tierras de un nuevo aeropuerto para la ciudad de México. Es por esto que durante los días 3 y 4 de Mayo, pero ahora resistiendo una nueva escalada represiva, los pueblos del EdoMex conmemorarán el «Mayo Rojo» concentrándose, según anunciaron, en la plaza central de Toluca, capital del estado.

“Esta ley represora busca legalizar la violación y el despojo de nuestros territorios y no lo vamos a permitir” sentenció uno de los representantes de la comunidad indígena de Xochicuautla, que resiste la instalación de la autopista Toluca – Naucalpan.

Los presentes en el Centro Prodh durante la conferencia de prensa que dieron el lunes 28, sostuvieron que la “Ley Eruviel”, como insisten en llamarla, no sólo es inconstitucional sino que atenta contra los derechos humanos garantizados en la Constitución, como el de reunión y expresión. Además, apuntaron, intenta regular, mediante la fuerza, el escenario de construcción natural de todos los derechos alguna vez  conquistados: las calles. Que nada ha sido gratuito y que lo construido ha sido con la sangre de los hombres y mujeres que lucharon antes, vinieron a decir. Que la tarea de los que están hoy es preservar la calle como el ámbito en dónde se darán las luchas del futuro.

“Esta iniciativa no es aislada, en Quintana Roo, Chiapas, Puebla y Veracruz también existen legislaciones represivas aprobadas en los congresos estatales”, agregó Moguel.

Al respecto, desde el Centro de derechos humanos Zeferino Ladrillero -que también participa de la coordinación anti-represiva y oficia de representante legal de las luchas del estado- subrayaron que el Congreso local tomó conocimiento de la existencia y contenido de la “Ley Eruviel” el 11 de diciembre de 2015; y que tal información fue mantenida en secreto por todos sus integrantes. Hayan votado luego para su aprobación o no, sí mantuvieron riguroso silencio hasta que se conocieron los detalles del proyecto, el mismo día de su aprobación. “Sabedores de sus implicancias, todos los partidos mantuvieron esta ley represiva en la totalidad opacidad, y eso es un detalle que no puede ser pasado por alto.”

“Con estas acciones queremos enviar un mensaje al gobernador del estado, impulsor de la ley, y es el siguiente: aún está a tiempo de rectificar el rumbo y dar marcha atrás con esta legislación de pretensiones tiránicas. Si no lo hace, se convertirá en un gobierno derrotado por la organización y la movilización de los pueblos y las organizaciones presentes en este lugar, que son lo más digno y combativo del Estado de México y de todas las personas que se van a seguir sumando” sostuvo Antonio Lara, coordinador del Zeferino Ladrillero.

Además de la movilización, la coordinación anti-represiva actuará en el campo legal. Según adelantó el abogado del Zeferino, la pelea legal consistirá en “una lluvia de amparos” que interpondrán en el Oriente y Norte del estado, así como en el valle de Toluca.

“Son cientos o miles de pueblos distintos y organizaciones las que pretenden dar batalla contra esta ley. El Consejo de la judicatura federal y los jueces de distrito que recibirán los amparos, tienen que prepararse para proteger los derechos humanos incluidos en la constitución en la última reforma y que son violentados por esta ley. Lo que queremos decir es que no hay futuro para la Ley Eruviel en el estado de México. ”

Entrevistas con representantes de algunos de los pueblos y organizaciones movilizados:

Ignacio del Valle, miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco explicó a Desinformémonos por qué los colectivos rechazan que a esta ley se la refiera como «Ley Atenco» y proponen, en cambio, que se la conozca como «Ley Eruviel»

Rosalía Castañeda forma parte de la Coordinadora de pueblos unidos en defensa de le energía eléctrica del estado de México, conversó con Desinformémonos sobre la lucha que llevan adelante y los peligros que encierra la aplicación de la ley que «regula» el uso de la fuerza pública en el EdoMex.

José Luis Fernández, de la comunidad indígena San Francisco Xochicuautla y Abundio Rivera Nava, representante de Huitzitzilapan y del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, conversaron con Desinformémonos sobre lo que significa la aplicación de la «Ley Eruviel» para los pueblos en lucha del estado de México.

Ricardo Ovando Ramírez, del sistema comunitario de agua potable de Tecámac, conversó con Desinformémonos sobre las luchas que se están llevando a cabo en su territorio y los peligros que encierra la nueva ley represiva.