A mediados de noviembre, tras los paros laborales en cuatro empresas maquiladoras (Foxconn, Eaton Busman, Lexmark y ADC) por mejoras en las condiciones trabajo, Enrique Serrano Escobar, presidente municipal de Ciudad Juárez, en Chihuahua, dijo que no permitirá que los abogados azucen a los trabajadores.

El funcionario señaló, asimismo, según lo reporta el diario El Mexicano en la nota “Investiga el gobierno a abogados laboristas”, que las autoridades de la Secretaría del Trabajo ya iniciaron investigaciones ante los tribunales arbitrales pues “no se va a permitir que estas personas provoquen afectaciones a la economía laboral”.

En el mismo sentido, el alcalde comentó que hay abogados que buscan aprovecharse de la buena fe de los trabajadores al propiciar los conflictos laborales, así como del “crecimiento” de la ciudad para “intranquilizar el mercado laboral”.

En una carta abierta, David Foust Rodríguez, coordinador del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) de Guadalajara, pide al funcionario retractarse de su dicho y ofrecer disculpas públicas por lo que considera “un clima de hostigamiento político de las y los trabajadores que están ejerciendo sus derechos humanos fundamentales”.

Foust Rodríguez recuerda al alcalde de Ciudad Juárez que los derechos a la libre asociación y a buscar una negociación colectiva de las condiciones laborales están consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo y en la Carta Magna y leyes mexicanas. Por ello, manifiesta, “las y los trabajadores de Foxconn, Eaton, Lexmark, Big Cola, ADC y, en general, los trabajadores que se organizan para formar un sindicato y buscar una negociación colectiva, están ejerciendo un derecho humano fundamental”.

A decir del coordinador del Cereal, equiparar el ejercicio de estos derechos con un delito se constituye en “criminalización de la protesta y la organización”.

Dicha caracterización de los hechos, acota, apunta a culpabilizar a los abogados, al mismo tiempo que “caricaturiza y minimiza a los trabajadores, hablando de ellos/as como si los abogados se aprovecharan de su buena fe”.

“Su responsabilidad –dice Foust Rodríguez a Enrique Serrano– es garantizar condiciones para el ejercicio de los derechos, no su persecución para perpetuar un estado de injusticia falsamente calificado como de paz laboral, como en los tiempos del Porfiriato”.