Fotos: Krizna

Ciudad de México | Desinformémonos. Alrededor de las ocho de la mañana, cerca de 200 personas se concentraron en la entrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigirle que acepte el caso de Luis Fernando Sotelo Zambrano, preso desde el 2014 tras ser acusado de atacar a la paz pública.

Acudieron a solidarizarse el Frente del Pueblo, la Organización Popular Francisco Villa Independiente de Izquierda, FPFVI UNOPII, Colectivo Los Otros Abogadoz, CAZ, Mujeres y la Sexta, panadería Vendaval, estudiantes del colectivo Che Guevara, entre otros.

Roberto López, abogado perteneciente al CAZ, comentó que acudió a la SCJN junto con sus compañeros para solicitar a la primera sala de esta corte que hagan uso del ejercicio de la facultad de atracción para resolver el amparo directo que presentó Luis Fernando, en el cual se plantea la inconstitucionalidad del artículo 362 del código penal de la Ciudad de México. “El obstáculo principal que vemos es que ninguno de los cinco ministros de la primera sala quiere hacer suya la petición que se está solicitando y la desechan, y la mandan al tribunal Colegiado para que la resuelvan, aunque ahí ya dieron su postura, un ministro a favor de declararla inconstitucional y dos a favor al considerarla legal”, explicó.

“La Corte sabe de un amparo anterior promovido por Brayan Reyes debido a las detenciones arbitrarias del 1 de diciembre de 2012 en la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente, pues les llegó un amparo por lo mismo”, agregó.

“A Luis Fernando lo habían condenado a  33 años con cinco meses y logramos gracias a todos la reducción de la condena a cuatro años, cinco meses. Ya le concedieron la libertad, pero lo condenan a la reparación del daño, que asciende a ocho millones y medio de pesos que deberá pagar a los dueños del servicio privado del Metrobús”, recordó López.

Los asistentes al acto de este 4 de abril señalaron que aspiran a que Sotelo salga absuelto si se declara el artículo 362 inconstitucional. “El beneficio no solo sería para él, sino también para todos los que salimos a protestar a las calles por defender nuestros derechos, es importante que todos hagamos conciencia. En la Ciudad de México se aplica la cero tolerancia contra la protesta pacífica, depende de nosotros hacer el cambio, aquí nadie está a salvo de ser criminalizado por salir a las calles a protestar”,  concluyó.

Laura Ozuna, abogada de profesión e impulsora de la campaña “Luis Fernando libre”, coincidió en que el artículo 362 del código penal es anticonstitucional por describir como delito el ataque a la paz social, pero no aparece tal definición en la constitución ni en el código penal de la Ciudad de México y  por lo tanto no es legal.

Ozuna declaró que “la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ya mandó una recomendación al gobierno de la Ciudad de México, y por su lado la Organización de Naciones Unidas (ONU) al Estado mexicano al considerar ambas instituciones que este artículo no cumple con la legalidad y atenta contra los derechos humanos, ya que los gobiernos local y federal no definen exactamente qué es paz pública”. “Lo único que hizo la Asamblea Legislativa fue reducir la sentencia que antes era de siete a treinta años y ahora es de dos a siete años de prisión”, agregó.

“Ya son tres jefaturas de gobierno que están en contra de Fernando, el de Obrador al copiar exactamente igual un artículo del Código Federal Penal que define al terrorismo como delito, donde lo único que cambia es el nombre, el de Marcelo Ebrard que es accionista del transporte privatizado del Metrobús, y el de Miguel Mancera”, dijo Ozuna.

“Tenemos pruebas de su libertad, quien acusó a Fernando fue el chofer de la unidad, él declaró que fueron tres encapuchados los que dañaron el vehículo y al identificar a los detenidos, señaló directamente a Luis y a otros dos jóvenes más, a pesar de que nunca vio sus rostros. Si eres joven y te ven con mochila al hombro participando en una protesta o movilización eres considerado terrorista por las autoridades, la línea es criminalizar a la juventud que defiende sus derechos”, finalizó.

En el transcurso del mitin se recibió una llamada de Luis Fernando desde el reclusorio sur y agradeció el acompañamiento que diferentes colectivos y personas le han demostrado, e hizo un llamado a la SCJN para que atraiga el caso y resaltó que “no basta una palmada en la espalda ni la lástima, lo que ayuda es la acción directa, la organización y la colectividad, no confío en las autoridades judiciales, pero es un camino y una lucha jurídico-política por la que hay que pasar”.

Sotelo también resiste y se solidariza con otros presos políticos y movimientos sociales desde dentro de su reclusión, a pesar de llevar más de tres años y medio en el área de ingreso sin que  hasta ahora no se le clasifique en qué área de la población debe estar, a pesar de que es un proceso que para cualquier recluso es de menos de un mes.

Eso no lo detiene para solidarizarse con otros presos políticos como Miguel Peralta, acusado de homicidio en un municipio autónomo de Oaxaca aun sin haber estado presente en los hechos, o con Luis Fernando Bárcenas, que está detenido en el reclusorio norte acusado por ataque a la paz pública luego de que las autoridades lo acusaron de quemar el árbol navideño de la empresa Coca-Cola, aunque él sólo participaba en una movilización contra el alza del cobro del metro.

Por último, Luis invitó a mandar cartas a la ministra Norma Lucia Piña Hernández para solicitarle la revisión y aceptación del amparo. Lo puede hacer cualquiera que desee solidarizarse con él al correo de la Suprema Corte: contacto@scjn.gob.mx, al Twitter @SCJNMéxico o al teléfono de la primera sala de la SCJN: 41 13 1000 extensión 2409.