60 por ciento de las niñas, niños y adolescentes migrantes, de entre cinco y 17 años de edad, trabajan en actividades remuneradas en el campo, 10 por ciento realiza alguna otra actividad (comercio, ganadería, albañilería, entre otras) y el resto participa en actividades domésticas, lo que dificulta su incorporación y permanencia en la escuela.
Así lo establece el Informe 2016, La educación obligatoria en México, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) que aborda la educación de los niños, niñas y adolescentes de familias de jornaleros agrícolas migrantes y en cuya elaboración participó la Universidad Iberoamericana a través de su Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE).
Sólo el 15 por ciento de los más de 30 mil niños, niñas y adolescentes migrantes tienen acceso a la educación, aseguró Carlos Rafael Rodríguez Solera, investigador del Instituto de INIDE durante el video-foro “Educación y migrantes: el olvido”, organizado con el apoyo de Educación Futura, plataforma digital dedicada al debate sobre la educación.
Rodríguez Solera destacó que los niños, niñas y adolescentes migrantes, provenientes principalmente de Guerreo o Oaxaca, se ven obligados a abandonar la escuela ya que el ciclo agrícola no coincide con el ciclo escolar.
En tanto, Sylvia Schmelkes del Valle, consejera presidenta del INEE, destacó que el peor enemigo de la educación es el trabajo infantil. “En las investigaciones realizadas para elaborar el informe, se observa que la población migrante no tiene acceso a la educación” dijo la consejera quien destacó que pese a la existencia de varios programas para atender la educación de las niñas, niños y adolescentes migrantes como el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y el Programa de Inclusión y Equidad Educativa (PIEE), éstos han sido insuficientes para atender la demanda.
Aseguró que el planteamiento de las directrices que permitan elaborar nuevas políticas educativas para los hijos de los jornaleros migrantes, deben venir de diferentes aliados como lo son la academia y las organizaciones de la sociedad civil.
Por su parte, Rodolfo Ramírez Raymundo del Instituto Belisario Domínguez del Senado, aseguró que mientras los jornaleros no tengan acceso a los derechos laborales mínimos, como un contrato por escrito y seguridad social, el trabajo infantil va se seguir siendo una opción para que las familias de jornaleros puedan incrementar un poco sus mermados ingresos: “Los servicios educativos entran en una situación difícil; si no hay derechos laborales mínimos que incluyen la prohibición del trabajo infantil. Será difícil que los servicios educativos se vuelvan los salvadores de los niños”.
El Rector de la Ibero, el maestro David Fernández Dávalos, S. J. aseguró que se ha hecho un daño enorme a la educación al criminalizar a los maestros y señalarlos como parte importante del fracaso escolar del país.
“Hoy después de una amplia campaña para legitimar la reforma educativa en el país, se ha hecho un daño enorme a la educación y al gremio magisterial al criminalizarlos y al señalarlos como claves del fracaso escolar del país y no se ha mirado a otros lugares, cuando es al contrario, quienes han hecho que este país haya tenido logros importantes son los profesores y profesoras”.
Ante el diagnóstico y a partir de las recomendaciones que indica el informe del INEE es urgente realizar un censo detallado sobre la situación real de los migrantes porque se carece de información básica sobre la situación educativa de las niñas, niños y adolescentes.
Con el objetivo de analizar y contribuir a resolver los problemas educativos del país, la Universidad Iberoamericana creó, en 2002, el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE), para desde ahí colaborar con la construcción de una sociedad más libre, justa, productiva y democrática.
