Los matrimonios forzados de niñas indígenas es una práctica recurrente en algunos municipios de la Montaña. En lo que va de este mes de noviembre se han registrado cinco casos en el municipio de Cochoapa el Grande.
El pasado lunes 22 de noviembre la niña Anayeli, del pueblo Na Savi, originaria de la comunidad de Joya Real, municipio de Cochoapa el Grande huyó de su casa, antes de que llegara la familia del niño para formalizar la unión matrimonial y recibir el pago acordado.
La niña Anayeli es huérfana de padre y a causa de su asesinato su mamá se endeudó por los gastos funerarios. Esta lamentable situación ha sido un factor que impacta negativamente en las niñas, porque sus padres se han visto orillados a recibir dinero, violentando sus derechos.
Anayeli por resistirse al matrimonio forzado, fue detenida por los policías de la comunidad ante la solicitud de la familia del niño. Ella se refugió en la casa de un vecino donde permaneció por unas horas. Hasta ese lugar llegó la policía para llevarse a la niña y también al niño que ahí vive. También fue para un primo quien se encargó de establecer la negociación con la familia y a un tío que supuestamente aconsejó para que la niña huyera de su casa.
Este severo castigo que recibieron es porque incumplieron el compromiso de entregar a la niña, cuando previamente ya habían convenido en la cantidad de 200 mil pesos y en el día en que se formalizaría su matrimonio. Un día anterior habían convivido por este nuevo acontecimiento familiar. La costumbre es sacrificar una res para que puedan compartir la comida entre las dos familias, las autoridades, amigos y vecinos. Forma parte de los preparativos para la boda formal. Por este desaire privaron de su libertad a una menor que desconocía los acuerdos de su primo y mucho menos sabía con qué niño la casarían. Cuando se enteró se armó de valor para huir de su casa.
Nuevamente tenemos otra historia de niñas indefensas que son obligadas a contraer matrimonio. Hace 45 días se registró en la misma comunidad el caso de Angélica que también fue víctima de matrimonio forzado y que fue ultrajada por su suegro Rutilio, ante la ausencia de su hijo. La privaron de su libertad, acusándola de haberse robado unos huipiles y exigían que su papá regresara el dinero que habían pagado por ella. Contó con el apoyo de su tía quien tuvo el valor para denunciar esta violación y acusar a las autoridades de privarla de su libertad.
Estos casos suceden de forma constante en varias comunidades indígenas de la Montaña y no hay autoridades que atiendan con presteza y eficacia a las niñas que son víctimas de matrimonio forzado. El pasado 10 de noviembre la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, junto con los presidentes municipales de la región y algunas titulares de las secretarías del gobierno del estado, acompañadas por el Instituto Nacional de Mujeres y la ONU Mujeres, anunciaron una estrategia para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes de la Montaña y costa Chica. Lamentablemente este evento no tomó en cuenta a las mismas mujeres indígenas que han sufrido estos agravios, se les excluyó del programa donde supuestamente se protegerán sus derechos. Las consecuencias son fatales porque en las comunidades indígenas nada ha cambiado, en cuanto a la protección de los derechos de las niñas contra los matrimonios forzados.
El martes 23 de noviembre como Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan nos organizamos para acudir a la comunidad de Joya Real, con el fin de atender el caso de Anayeli. Invitamos a personal de la Fiscalía General del Estado y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que se garantizara la libertad de la menor. Esta visita evidenció la inoperancia de los planes y programas que se han implementado a nivel federal y estatal orientados a erradicar la violencia contra las mujeres. Las autoridades federales y estatales no toman en cuenta a las comunidades indígenas y mucho menos llegan a estas localidades. Todo lo quieren resolver con oficios escritos en español que no se leen porque la población mayor es analfabeta. Por lo mismo se requiere establecer una comunicación en las lenguas maternas para escuchar y atender los reclamos de las familias que se encuentran sumidas en la pobreza. Se requiere un trabajo al interior de las comunidades, con personal que conozca la cultura y los derechos de los pueblos indígenas, que esté dispuesta atender sus necesidades y a defender los derechos de las niñas.
Hasta la fecha no hay un mecanismo sencillo y efectivo que permita a las personas hacer una llamada para pedir auxilio, como sucedió con el caso de Anayeli. Gracias a una llamada anónima tuvimos conocimiento de esta privación ilegal de la libertad de Anayeli y fuimos en su auxilio. Después de un diálogo respetuoso con los principales de la comunidad logramos la libertad de la niña y del niño, procediendo a trasladarlos a la ciudad de Tlapa para su atención y protección. Las autoridades municipales tienen un gran trabajo que realizar al interior de las comunidades, sin embargo, hay una gran desatención por los casos de matrimonios forzados y prevalece una visión machista en varios funcionarios municipales que llegan a justificar estas acciones ilegales. La niña y el niño fueron puestos a disposición del DIF estatal para su atención y seguimiento.
Publicado originalmente en Tlachinollan
