Ciudad de México | Desinformémonos. “A la primer solicitud de una pareja para acceder a la interrupción legal del embarazo, fundamentándose en la causal socioeconómica estipulada en el Código Penal de Yucatán desde 1938, la respuesta de la Secretaría del Estado fue un no, argumentando que la Secretaría y el Hospital General privilegian la atención a la salud y a la vida”, afirma Amelia Ojeda Sosa, Coordinadora Jurídica de la Unidad de Atención Sicológica, sexológica y Educativa para el crecimiento personal (UNASSE).

“La negativa a dicha solicitud es la negación a un derecho”. La solicitud fue realizada luego de que la pareja valorara su situación económica, edad y el estado de salud de la madre”, afirma la defensora.

Con el acompañamiento de la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal; la Clínica Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva de Mérida; el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y la Red Nacional de Abogadas y Abogados por la Defensa de la Reproducción Elegida (Radar 4º), la pareja presentó la solicitud para la interrupción legal del embarazo ante la Secretaría de Salud, “haciendo uso del marco normativo del estado de Yucatán, específicamente de la causal socioeconómica que establece que cuando la mujer ya tenga tres hijos y que demuestre que no puede tener uno más, se pueda realizar esta interrupción sin que se considere que se está cometiendo un delito, tomando en cuenta que en Yucatán las causales por las cuales se puede interrumpir un embarazo son excluyentes de responsabilidad, es decir no generan responsabilidad delictiva”.

Dado el tiempo de gestación de la mujer de 37 años y su padecimiento de presión alta, se pidió que la respuesta se diera en 48 horas, “ésta llegó pero no tiene nada que ver con toda la argumentación que se les presentó”.

Las organizaciones interpondrán un recurso jurídico en exigencia del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, de la pareja a construir sus proyectos de vida acordes a sus deseos y circunstancias, el derecho a la salud de la mujer y los derechos reproductivos de la pareja.