Fran Richart / Desinformémonos

Once presos que han denunciado haber sufrido torturas durante su detención o dentro de los penales chiapanecos, no pudieron ser atendidos por peritos del Comite Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad debido a que las autoridades estatales impidieron su acceso a los centros penitenciarios (Ceresos) para documentar sus casos.

Muchas de estos presos son de personas que sufren el régimen de aislamiento, que está considerado como tortura psicológica, o no reciben asistencia sanitaria a pesar de sus dolencias o de las heridas que le fueron propinadas durante su detención, informa el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

Entre los reclusos que se han atrevido a denunciar, en su mayoría indígenas, hay presos políticos así como presos acusados por delitos del  fuero común. Según explica Gilberto Hernández del Frayba, la mayor parte reciben hostigamiento por haber realizado esta denuncia y son amenazados con ser trasladados.

Ante este panorama, el Frayba acudió con dos peritos independientes del Protocolo Estambul del 21 al 25 de septiembre a varios centros de readaptación social para documentar de primera mano las denuncias.  La negativa a su entrada estuvo disfrazada de excusas como que ese día “se realizaban actividades deportivas” o que “necesitaban un documento”, que se tardaba varios días en expedir y por ende, dilataban la investigación.

El Frayba, quien ha gestionado estas denuncias a través de familiares que acudían a sus instalaciones, explica que la Comisión Estatal de Derechos Humanos no ha mediado en el asunto y que ha sido totalmente ineficiente al poner en cuestión la denuncia de los presos, tildándolas en algunos casos como falsas.

El Protocolo Estambul es un mecanismo reconocido por México por la firma de tratados internacionales para erradicar la tortura, sin embargo, existen límites y candados que impiden que los especialistas puedan asistir a los penales para documentar la situación de los reclusos. Para Hernández, esta manera de actuar responde a un interés de mantener la impunidad y evitar cualquier tipo de investigación.

Una de las preocupaciones del Frayba es  la nula asistencia médica que reciben los presos en las cárceles chiapaencas, dejando su salud y físico en deterioro. A pesar de haber entregado las medicinas a los familiares para que se las proporcionen en los penales, estas son requisadas por los custodios en los controles de seguridad.

Uno de los casos documentados es el de un recluso que sufrió una herida en su ojo por los golpes de agentes de policía, y que está perdiendo la vista ya que se le niega el acceso sanitario. Para las organizaciones que se encuentran denunciando está situación, apuntan al secretario de Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca, como el máximo responsable y al gobernador Manuel Velasco.

Entre los presos que iban a visitar los peritos del Protocolo de Estambul está Alejandro Díaz, del colectivo La Voz del Amate, quien ha denunciado en reiteradas ocasiones las condiciones miserables en las que se encuentran sus compañeros en los Ceresos, como la suciedad del agua que beben.

Él fue trasladado hace unas semanas después de informar sobre esta situación.

Por último, otro aspecto que sufren muchos indígenas presos es la falta de asistencia lingüística, tanto en sus procesos judiciales como en los centros de reclusión donde cumplen condena, hecho que les deja más vulnerables delante de las instituciones de justicia y de sus abusos.