Xavier Olea Peláez, fiscal General de Guerrero, insiste en la culpabilidad de Nestora Salgado García, excomandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, no obstante que la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha calificado de arbitraria la detención de esta mujer, al señalar que no hay base legal que la justifique, que se deriva de su lucha por los derechos de la población indígena, y que el juicio que enfrenta parte de la inobservancia de las normas internacionales sobre el derecho a un juicio justo.

“Creo que es culpable, sin embargo pueden existir cuestiones políticas que a ella en su momento le puedan beneficiar”, esto dijo Olea Peláez hace un par de días en relación a la situación jurídica de la lideresa indígena.

Leonel Rivero Rodríguez, abogado de Nestora Salgado, no comparte la afirmación del servidor público, sin embargo tampoco le sorprende pues, al fin y al cabo, la Fiscalía, al ser el órgano acusador, “está obligada a sostener que su consignación se sustenta en elementos de prueba”.

Los jueces a cargo (Juez Primero y Jueza Segunda del Distrito Judicial de Morelos, con sede en Tlapa), dice Leonel Rivero, son quienes finalmente decidirán la situación jurídica de su defendida a partir de las pruebas aportadas, no sólo las relativas a las violaciones al debido proceso de la madre de tres hijas, sino las que sustentan su inocencia, al confirmar que las detenciones que ella ejecutó, mismas que están en el origen de las acusaciones de secuestro que se le imputan, fueron en ejercicio de su cargo de comandanta de la Policía Comunitaria, órgano de seguridad y justicia que tiene sustento en la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.

Entre los elementos que sostienen la inocencia de Nestora Salgado y, por tanto, el sinsentido de su reclusión, destacan: un documento que acredita que la Policía Comunitaria de Olinalá es parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC); dos oficios en los que funcionarios públicos se dirigen a Nestora Salgado como comandanta del órgano ciudadano de seguridad y justicia; una pericial en antropología jurídica que aporta elementos sobre la concepción de los sistemas normativos indígenas; y los documentos en los que las madres de las adolescentes que acusan a Nestora Salgado de secuestro solicitan el ingreso de sus hijas al sistema reeducativo de la CRAC-PC.

Respecto de la petición de los abogados para que sean notificados de las tres órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar contra Nestora Salgado (en Ayutla, por secuestro agravado; en Huamuxtitlán, por homicidio calificado y lesiones; y en Tlapa, por robo y privación de la libertad), el fiscal de Guerrero señaló que no haría el trabajo de los abogados, porque “hay recursos” para eso.

En este sentido, Leonel Rivero comenta que la declaración de Olea Peláez demuestra su desconocimiento del tema, ya que desde agosto pasado se promovió un amparo en contra de dichas órdenes, mismo que el fiscal de Guerrero, al ser la parte acusadora, está obligado a conocer.