Un nuevo estudio ilustra el caso de una iniciativa que se lleva a cabo en el municipio de Portel, en el estado de Pará, en la Amazonia de Brasil y que ilustra lo que puede llamarse “colonialismo del carbono”.
Se trata de cuatro proyectos bajo el mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD) conectados entre sí de diversas maneras y que ocupan una zona de más de 7 000 km² de bosque.
El estudio a cargo del Movimiento por los Bosques Tropicales (WRM por su sigla en inglés) describe los proyectos impulsados por inversores de países industrializados.
Con un ingenioso discurso, los proponentes de la iniciativa se presentan como salvadores del bosque y como impulsores de acciones sociales en beneficio de las comunidades ribereñas.
Sin embargo, no hay transparencia en la documentación de los proyectos en cuanto a la titularidad de las tierras utilizadas y hay indicios de irregularidades relacionadas con el uso indebido de tierras pertenecientes al Estado.
Además, hay estimaciones cuestionables desde diferentes ángulos de la reducción efectiva de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) que –se afirma– se conseguirían a través de los proyectos.
Otro aspecto problemático es que, al parecer, no hubo autorización legal por parte de cientos de familias ribereñas incluidas y supuestamente representadas en el proyecto.
Algunas de ellas, con las que habló WRM, se sorprendieron al enterarse de que las tierras en las que viven están incluidas en el proyecto.
Tampoco se imaginaban que la venta estimada de una mercancía que desconocen ya supera los 100 millones de dólares que se han embolsado los proponentes de la iniciativa.
Mientras los proyectos REDD promueven acciones para reducir las emisiones insignificantes de las familias ribereñas de Portel, muy lejos de la región, los créditos de carbono de estos proyectos son comprados por algunos de los mayores contaminantes del mundo.
Tal es el caso de Repsol (petrolera); Air France, Delta Airlines y Boeing (aviación); Amazon (comercio electrónico); Samsung, Toshiba y Kingston (tecnología); Aldi (cadena de supermercados); Kering (artículos de lujo); entre otros.
Estas compras permiten a empresas que emiten enormes cantidades de gases de efecto invernadero seguir obteniendo beneficios de la quema de combustibles fósiles y, al mismo tiempo, publicitar su supuesta responsabilidad ambiental y social.
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Publicado originalmente en Servindi
